Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, según un informe en el que reclamó sanciones internacionales.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, menciona, entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
“Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, afirmó el experto independiente Jan Simon.
“La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra”, agregó Simon.
El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.
El pasado 9 de febrero, el gobierno de Daniel Ortega excarceló a 222 opositores, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad.
Una semana después, también les retiraron su nacionalidad a 94 disidentes que ya estaban en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advirtió que la legislación nicaragüense que permite privar de ciudadanía viola el derecho internacional.
El presidente Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condenas de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.
El reporte recalca que los abusos “no son un fenómeno aislado”, sino el fruto de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
Desde diciembre de 2018, al menos 3 mil 144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
Ejecuciones, torturas y persecución
Simon acusó al gobierno nicaragüense de “instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para […] implementar un marco legal tendiente a reprimir” las libertades fundamentales y “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”. Además, la Policía Nacional prohibió a la Iglesia católica de Nicaragua realizar el Vía Crucis y las distintas procesiones fuera de templos con motivo de Semana Santa, y los actos religiosos solo podrán realizarse en el interior de los recintos parroquiales.
Texto y foto: Agencias
