Carlos Hornelas
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Margaret Thatcher solía decir que no hay nada como “el dinero del gobierno”, sino el dinero de los contribuyentes. Y estaba en lo correcto. El erario acumula el monto total de lo que pagamos de impuestos, con lo que se financian los servicios que presta el Estado a través de los funcionarios públicos. Razón por la cual la administración pública sirve a los ciudadanos y por ello le debe rendir cuentas claras de lo que gasta en cada rubro.
Durante décadas el gobierno nos trató como súbditos y despreciaba tanto nuestro derecho de petición como el derecho a la información. Las administraciones pasadas se habían dado el lujo de manejar discrecionalmente las arcas del Estado como si se tratara de su patrimonio propio. En ese sentido, aunque la corrupción era la práctica corriente, no sabíamos hasta dónde había trastocado la estructura social.
La transparencia es la obligación del Estado de hacer público todo cuanto es financiado a través del erario: desde los contratos con empresas privadas, licitaciones, costos de operación, financiamiento a partidos políticos, salarios de funcionarios, programas de asistencia social, empleo de recursos para cumplir con metas del Plan sexenal, entre otros.
Cada órgano que recibe recursos del Estado tiene la obligación de transparentar lo que hace con cada centavo, a fin de eliminar los espacios discrecionales que posibiliten el desvío de su cometido o en enriquecimiento ilícito de personas o compañías a costa del erario.
Cada ciudadano tiene el legítimo derecho de cuestionar y saber en qué son utilizados los recursos que financia con los impuestos con los que contribuye. En contrapartida, el Estado tiene la obligación de otorgar toda la información en su poder a quien así lo solicite habida cuenta que es un mandato constitucional y que sin ese recurso no podría operar.
También es derecho de los ciudadanos replicar el uso de los recursos a través de la rendición de cuentas, pues constituye una práctica democrática monitorizar las acciones del Estado a fin de evitar que se extralimite en sus decisiones o que ocupe los bienes a su cargo para fines distintos a los cuales han sido programados.
Cuando un ciudadano presenta una solicitud de información a cualquier ente de la administración pública y su requerimiento no es atendido o es simplemente ignorado, tiene el legítimo derecho de presentar un recurso ante quien funge como su representante y es conducto necesario para obligar al órgano en cuestión a entregar la información, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional o a la viabilidad del Estado. En la legislación mexicana, quien posibilita el ejercicio de este derecho es el Instituto de Transparencia y Protección de datos personales, el Inai.
Para operar, el Inai tiene un consejo integrado por funcionarios, cuyas deliberaciones ante las solicitudes de los ciudadanos conducen a una votación en la cual se decide por mayoría si se apercibe al sujeto obligado a la entrega de la información o si se considera que es mejor que quede en el sigilo en razón de la seguridad nacional.
Esta semana el presidente vetó el nombramiento de dos integrantes del Consejo, con lo cual a partir de fin de este mes el Inai quedará imposibilitado de cumplir con el objetivo de su fundación. Amlo al parecer quiere mandar al diablo a las instituciones, convierte en diferencias personales las objeciones que se presentan en la legislación para impedirle un poder sin cuestionamientos.
