Por Mariana López Zaldívar
En el marco de las recientes discusiones sobre la guardia nacional y el respeto a los derechos humanos, es importante hacer un breve pero ilustrativo recuento acerca de qué implican algunos cambios y posturas que acompañan a la “cuarta transformación” en términos de los derechos de las mujeres.
El primero de diciembre, junto con López Obrador, ocho mujeres tomaron posesión para encabezar diversas dependencias del gobierno mexicano. Esto implica que el nuevo gabinete está conformado por más del doble de mujeres que el del periodo presidencial anterior y también es el equipo con el mayor número de mujeres como titulares de dependencias en la historia de México.
Tal conformación es acertada no solo en términos de paridad, sino también porque desafía esquemas caducos de liderazgo. Las posturas y decisiones que acompañan a la “cuarta transformación” nos obligan a exigir que no se perpetúe un esquema inconstitucional de seguridad que es incompatible con la protección de derechos humanos.
Sin embargo, no todas las posturas ni decisiones de la nueva administración abonan a los derechos de las mujeres. Al margen de varios acontecimientos y declaraciones que preocupan por exhibir una visión estereotipada de la administración actual por ejemplo: la petición a las «madrecitas» que hizo el presidente para que ayuden con sus hijos en temas de delincuencia; la exclusión de mujeres en la imagen institucional del nuevo gobierno; y la deficiente propuesta de terna de postulantes comprometidos con derechos humanos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que culminó con la designación de Juan Luis González Alcántara una decisión que debe mantenernos alerta, en términos de afectación a los derechos de las mujeres, es aquella de mantener a las fuerzas armadas involucradas en tareas de seguridad pública.
El video más reciente lanzado por EQUIS Justicia para las Mujeres y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE con información de Data Cívica expone algunos datos y patrones que no deben pasar desapercibidos. Por un lado, está el dramático incremento de asesinatos tanto de hombres como de mujeres a partir de 2007, un año después de que el entonces presidente Felipe Calderón marcó el inicio de un conjunto de operativos en los que participaron fuerzas federales de seguridad para combatir al crimen organizado.
En el caso de las mujeres, la tasa de asesinatos se incrementó de 1.9 por cada cien mil habitantes en 2007 a 4.4 por cada cien mil habitantes en 2016. Además del incremento letal cuantitativo, el video explica que la manera en que mueren la mayoría de las mujeres también cambió: a partir de 2009, la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurrieron en el espacio público y con armas.
Esta información plantea un fenómeno muy grave: las mujeres se enfrentan a un tipo adicional de violencia letal además de la violencia en viviendas relacionado con el combate al narcotráfico que no estaba ni está considerado del todo en el diseño de políticas que pretenden disminuir los asesinatos de mujeres en México.
Los hallazgos de esta investigación también muestran algo importante que parecería evidente, pero que se discute poco: todas las decisiones gubernamentales, en todos los temas incluyendo seguridad y en todas las áreas, afectan y afectarán a las mujeres. No únicamente aquellas decisiones respecto de temas que suelen pensarse de y para mujeres.
En este sentido, las posturas y decisiones que acompañan a la “cuarta transformación” nos obligan a exigir que no se perpetúe un esquema inconstitucional de seguridad que es incompatible con la protección de derechos humanos, el cual, además, fue propuesto por quien, en su momento prometió no continuar con la misma estrategia bélica por considerar que no permitiría disminuir la violencia ni conseguir la paz.
