Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden estarían negociando en secreto un nuevo acuerdo migratorio que abriría la puerta a la deportación de miles de personas extranjeras a México, según reveló el Washington Post.
De acuerdo con los detalles que dio a conocer el rotativo estadunidense, bajo este nuevo entendimiento, el gobierno de Estados Unidos abriría nuevos canales digitales para emigrar y solicitar asilo de manera regular; en paralelo, sus autoridades deportarían en “caliente” a México a los extranjeros que intenten cruzar su frontera –especialmente las personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas– y endurecerían sus acciones contra las personas que soliciten asilo en el momento de su detención.
Este arreglo retoma varios elementos del Título 42 y del plan “Quédate en México”, las controversiales medidas antimigrantes implementadas en la frontera entre Estado Unidos y México en los últimos 4 años, fruto de negociaciones no públicas entre la Cancillería mexicana y las administraciones de Donald Trump y Biden.
De hecho, el nuevo acuerdo migratorio llegaría para sustituir y endurecer el Título 42, que utiliza la pandemia de covid-19 como pretexto para expulsar de manera sistemática los migrantes a México. Desde el inicio de su aplicación, en marzo de 2020, hasta diciembre de 2022, la medida ha sido empleada para devolver a 2.5 millones de personas de este lado de la frontera, pero a partir del verano ya no podrá aplicarse, porque la administración Biden dará por terminada la crisis sanitaria.
Según el Washington Post, el nuevo acuerdo sería más duro que el Título 42, porque las personas no serían simplemente devueltas a México –como es el caso actualmente– sino formalmente deportadas, lo que acarrearía consecuencias legales más graves para ellas, como una prohibición de pisar el territorio de Estados Unidos por 5 años.
Desde el periodo de transición entre las administraciones de Enrique Peña Nieto y de López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón ha sostenido varias negociaciones a puerta cerrada –o a veces completamente secretas– con funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS), a raíz de las cuales ha aceptado la devolución a México de cientos de miles de personas no mexicanas, incluyendo solicitantes de asilo, y concedió el despliegue de 28 mil soldados de la Guardia Nacional en las fronteras de México.
Texto y foto: Agencias
