Ante el señalamiento del diputado Rafael Echazarreta Torres, quien fue secundado por sus homólogos Gaspar Quintal Parra y Víctor Hugo Lozano Poveda, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en el Congreso del Estado solicitó un estudio a la Secretaría General y al Instituto de Estudios Tecnológicos para determinar si la iniciativa de la Ley 3 de 3 viola preceptos constitucionales.
Tras reuniones con activistas que promueven esa ley, que busca evitar que sean candidatos o funcionarios en dependencias claves, personas que no tengan un modo honesto de vivir, así como de Semujeres y la Codhey, los diputados comenzar ayer con el análisis del posible decreto.
Tras la lectura de las condiciones y un proyecto de cómo quedaría la redacción de los artículos modificados de varias leyes, Echazarreta Torres hizo las precisiones sobre la posible violación a las garantías constitucionales como el derecho a ser votados y la presunción de inocencia, lo que fue respaldado por Quintal Parra y Lozano Poveda.
La iniciativa reforma artículos de las siguientes leyes: De Instituciones y Procedimientos Electorales, la adición de fracciones a la Ley de Partidos Políticos del Estado y la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Con estas modificaciones se busca que las personas que tengan antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios no sean candidatos a puestos de elección popular o tengan puesto de confianza en alguna dependencia gubernamental.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
