Carlos Hornelas
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En mi participación anterior empecé a visualizar algunos puntos sobre la elección y la democracia que continuaré en esta oportunidad.
Uno de los aspectos que resultan garantes del Estado de derecho es la separación de poderes entre las tres diferentes ramas del poder. En los comicios tenemos oportunidad de hacer un voto diferenciado entre el titular del ejecutivo y nuestros representantes en el Congreso, es decir, entre el Presidente, los diputados y los senadores en el caso de la elección a nivel federal.
El voto diferenciado puede propiciar que el ganador no acapare todo el poder ni que se erija como la autoridad incuestionable para la gobernanza del país.
La idea del voto diferenciado puede promover la democracia desde varios frentes. El primero de ellos es contener a mayorías que pueden actuar por consigna o interés de camarilla, como sucedía en tiempos de la aplanadora priista en los cuales los legisladores servían de corifeos de un poder supremo depositado en la efigie de su líder, encarnado en el presidente, quien con ese respaldo movía todos los hilos del poder.
En segundo lugar, esa diferencia es sana para promover el diálogo y debate entre las distintas fuerzas políticas que se supone representan a diferentes sectores de la población. De este modo, con esta estrategia nadie quedaría al margen, sin representación. Al menos se daría paso a escuchar diferentes voces para morigerar ciertas pasiones o moderar ciertas expresiones políticas.
Asimismo, la división de poderes debe tener su correlato en los hechos a través del respeto por las instituciones existentes. Todo en la política es perfectible, lo que quiere decir que aunque no sean las mejores, siempre podemos mejorarlas si hay voluntad política para ello.
En ese sentido, una clave para poder encauzar diferentes inquietudes sobre el proceso mismo consiste en reconocer la labor del árbitro electoral y la importancia y condición no negociable de que no regrese a formar parte de ninguna secretaría u órgano dependiente de la administración en turno.
Los órganos constitucionales autónomos han demostrado tener eficacia en tanto sirven de límite al poder ejecutivo o a la influencia de actores extra políticos que busquen influir en los resultados como los poderes fácticos de grupos de interés o del crimen organizado, por ejemplo. Tanto así que, a pesar de lo que se haya dicho sobre el pasado, la entonces oposición conquistó las urnas y el resultado de la voluntad popular para instaurar a este gobierno en este sexenio se impuso sin mayores obstáculos.
El INE en particular, que trabaja con ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla tras haber resultado insaculados aleatoriamente debe ser considerado un árbitro confiable por todas las fuerzas políticas, a fin de que la estabilidad y certeza se mantengan antes, durante y posteriores a los procesos.
La sombra de la sospecha o del fraude no perjudica solamente a quienes pueden inconformarse porque los resultados les sean adversos, sino a todo el proceso, provocando así una inestabilidad general que siembre la polarización y el clima de descontento.
La otra cuestión a evitar, desde el supuesto de la sospecha que presentan hoy algunas facciones políticas es la judicialización de los resultados.
Hay quienes ya se curan en salud anticipando fraudes o resultados producto de negociaciones a sabiendas que los procesos podrían terminar dirimiéndose en los tribunales electorales. Si tampoco se confía en estos órganos, si uno desconfía de todas las instituciones ¿sobre qué infraestructura se puede gobernar?
