La diputada Maribel Chuc Ayala presentó una iniciativa en el Congreso de Yucatán para fortalecer la protección de los derechos de docentes y trabajadores de la educación, con el objetivo de garantizar certeza jurídica en el ejercicio de su labor.
La legisladora explicó que la propuesta surge ante la necesidad de brindar respaldo a quienes integran el sistema educativo y enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Subrayó que la educación no se construye únicamente desde las reformas, sino desde el trabajo cotidiano en las aulas.
“Ese futuro no se construye solamente con planes de estudio o reformas institucionales; se construye todos los días en las aulas gracias al trabajo, la vocación y el compromiso de quienes dedican su vida a enseñar”.
Chuc Ayala, quien también ha sido docente, aseguró conocer de primera mano las condiciones del sector.
“Conozco el sistema educativo desde adentro, conozco el esfuerzo que implica estar frente a un grupo, la responsabilidad de formar a niñas, niños y jóvenes y también conozco las preocupaciones que viven quienes forman parte del sistema educativo”, afirmó.
Indicó que la iniciativa es resultado del diálogo con trabajadores de la educación, quienes han manifestado inquietudes ante la falta de protección frente a acusaciones que, en algunos casos, resultan infundadas.
“La falta de certeza y protección frente a situaciones que en ocasiones los colocan en una posición de vulnerabilidad”.
En ese contexto, enfatizó la necesidad de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
“La protección de nuestras niñas, niños y jóvenes es y seguirá siendo una prioridad absoluta, pero esa prioridad da pleno al debido proceso y a la presunción de inocencia”, sostuvo.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán para establecer mecanismos que protejan a docentes cuando una denuncia resulte improcedente, así como la incorporación del principio de presunción de inocencia en la Ley de Educación del Estado como criterio obligatorio para las autoridades.
“Nadie debe ser condenado antes de que se demuestre su responsabilidad; los trabajadores de la educación, como cualquier ciudadano, tienen derecho a procedimientos justos”, dijo.
Texto y foto: Alejandro Ruvalcaba
