El Pleno del Congreso del Estado, reunido en el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, entre otros temas, abre la posibilidad que la persona que fue la más votada en las elecciones del 1 de junio, no asuma como presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
De esa manera, Erika Torres López, quien fue la mujer más votada, tendrá la libertad de renunciar al cargo, incluso antes de tomarlo.
El dictamen, presentado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, se aprobó por mayoría.
En tribuna, la diputada Claudia Estefanía Baeza Martínez (Morena) sostuvo que las reformas ordenan la vida institucional del Poder Judicial para operar con “un nuevo espíritu democrático”, orientado a una justicia más cercana, transparente y eficiente. Además, presentó una propuesta que fue incorporada al dictamen para perfeccionar el marco jurídico. En el mismo sentido, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (Morena) aportó al enriquecimiento del texto aprobado. También participó a favor del dictamen la diputada Rosana de Jesús Couoh Chan (sin partido).
Por su parte, el diputado Gaspar Armando Quintal Parra (PRI) y la diputada Larissa Acosta Escalante (MC) manifestaron su voto y posicionamiento en contra.
Quintal Parra criticó que en el dictamen se perdió la oportunidad de fortalecer y dignificar a los jueces y juezas de paz, a pesar de que ellos son el primer contacto con la justicia de las personas que viven en las comunidades indígenas.
Durante su intervención en la Tribuna, explicó que aunque el voto del PRI fue en contra del dictamen, en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública presentó una serie de propuestas para tratar de aspirar a una justicia eficiente y eficaz. Pero fueron rechazadas.
El priísta propuso que se contemple una partida en el presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el pago de su remuneración a jueces y juezas de paz que homogenice sus pagos por concepto de sueldos y salarios, pero no fue considerado por la mayoría oficialista.
Desacato
Ni la amenaza de una multa de más de 250 mil pesos hizo que el Congreso de Yucatán aprobara la reforma constitucional para eliminar la protección de la vida “desde el momento de la fecundación”. La restricción al aborto sigue intacta.
El dictamen proponía modificar el cuarto párrafo del artículo respectivo de la Constitución local para que quedara: “El estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano”. Con ello se eliminaría la frase “desde el momento de la fecundación”, que permanece vigente.
En abril, el Congreso aprobó parcialmente la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Sin embargo, incumplió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo 274/2024), donde ordenó cambiar la Constitución.
Tras ese desacato, la jueza del Juzgado Tercero de Distrito, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, dio la orden: hacer la reforma pendiente o enfrentar una multa de hasta 2,295 UMAs (259 mil 656 pesos).
El lunes el dictamen volvió a votarse quedando 21 a favor y 13 en contra. No alcanzó la mayoría calificada. Diputados panistas y aliados cerraron filas para rechazarlo.
La única que habló fue la diputada de Morena, Clara Paola Rosales, quien recordó que la reforma no era opcional, sino un mandato legal y judicial.
Con la votación, el asunto se dio por concluido. El Congreso notificará al Juzgado Tercero el resultado y el sentido del voto de cada legislador para los efectos legales.
Texto y foto: Esteban Cruz O.
