Después de once años de conflicto legal, el Ayuntamiento de Mérida ha llegado a un acuerdo de pago favorable con Banco Santander para resolver la disputa relacionada con el contrato de luminarias. El alcalde Alejandro Ruz Castro anunció que Santander aceptó la propuesta del ayuntamiento de pagar $475 millones en cinco años, reduciendo significativamente la deuda reclamada de $890 millones.
El problema se originó en 2011 cuando la entonces alcaldesa priista Angélica Araujo Lara autorizó el cambio de 82,000 luminarias de vapor de sodio, que estaban en buenas condiciones, por luminarias de inducción magnética de fabricación china. Estas lámparas resultaron ser de mala calidad y muy costosas, lo que llevó al Ayuntamiento a rescindir el contrato en 2012 bajo la administración de Renán Barrera Concha.
El conflicto se complicó cuando la empresa ABC Leasing, a la que se le había otorgado el contrato, cedió los derechos de cobro a Banco Santander. En 2014, el juez tercero de Distrito en Materia Civil de Ciudad de México emitió una sentencia desfavorable para el Ayuntamiento, condenándolo a pagar el adeudo al banco.
A pesar de varios intentos de negociación y planes de pago presentados por el Ayuntamiento, no se logró llegar a un acuerdo hasta esta semana. El nuevo acuerdo consiste en liquidar la deuda fijada en $475 millones, con un pago inicial de $175 millones y el resto a ser pagado en 60 meses, a razón de $5 millones al mes.
El alcalde Ruz Castro explicó que el ayuntamiento ya tiene los $175 millones necesarios para el pago inicial, gracias a una reserva mensual que se hizo desde 2019. “Nuestra administración ya habrá aportado casi el 40 por ciento de la deuda total antes de irnos, dejando a los siguientes ayuntamientos la obligación de pagar $60 millones al año”, indicó.
Esta cantidad representa solo el 0.8 por ciento del presupuesto anual del Ayuntamiento, que asciende a aproximadamente $7,000 millones, y no afectará los programas prioritarios ni la prestación de servicios públicos.
Ruz Castro destacó la importancia de este acuerdo, señalando que el municipio está generando las condiciones para dejar a las siguientes administraciones un riesgo menor de que la deuda pudiera seguir creciendo o que el banco pudiera cobrar en condiciones desfavorables. “Nuestra intención siempre fue evitar que nos cobren de la manera como quería el banco, y por eso la buena noticia es que logramos sensibilizar a esa institución para que acepte el plan de pago que propusimos, que no afecta a la prestación de los servicios a la comunidad”.
El Ayuntamiento necesitará el permiso del Cabildo para firmar el convenio de pago con el banco y luego buscar la aprobación del juez. Si se aprueba, se podrá realizar el primer pago de $175 millones, poniendo fin a este prolongado conflicto legal.
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