Salvador Castell-González
El concepto de bienestar animal ha marcado un avance ético fundamental en nuestra sociedad, reconociendo a los animales como seres merecedores de derecho cuyo sufrimiento debe ser evitado. Sin embargo, este paradigma, centrado principalmente en animales domesticados, ha generado sin querer una serie de conflictos ecológicos y de salud pública que hoy son imposibles de seguir ignorando. Es momento de evolucionar nuestra comprensión: de un bienestar animal enfocado en el individuo a uno que integre la responsabilidad ecosistémica.
El dilema central radica en una sobreprotección bienintencionada pero ecológicamente ciega. Si bien la competencia de los gobiernos estatales y municipales es la fauna doméstica, es precisamente aquí donde la presión se ejerce. Perros y gatos, a menudo especies exóticas e invasoras en muchos hábitats, se han convertido en principales causas de declive para la fauna nativa.
Poblaciones de gatos ferales o incluso domésticos con acceso al exterior diezman poblaciones de aves, reptiles y pequeños mamíferos. Jaurías de perros asilvestrados compiten por el alimento y pueden transmitir enfermedades mortales, como el moquillo o la Brucelosis, a especies silvestres vulnerables, además de representar un riesgo de zoonosis para los humanos.
Esta contradicción se agudiza al analizar uno de los pilares del bienestar: permitir que los animales expresen su comportamiento natural. Aplicar este principio de forma literal es ecológicamente irresponsable. El comportamiento natural de un gato es cazar; el de un perro, deambular y marcar un territorio amplio. Facilitar estas conductas, lejos de ser un acto de bondad, es autorizar la destrucción del equilibrio ecológico local. La compasión hacia un individuo no puede justificar el daño a todo un ecosistema.
El camino a seguir, por tanto, no es retroceder en nuestra compasión, sino hacerla más inteligente y sistémica. Debemos transitar hacia un bienestar animal con responsabilidad ecológica. Este enfoque, aplicable desde la legislación municipal y estatal, redefine la tenencia responsable para incluir la obligación explícita del dueño de evitar que su animal cause un impacto ecológico negativo. Esto se traduce en dos acciones fundamentales: el confinamiento seguro (gatos estrictamente en interiores, perros siempre con correa en exteriores) y, de manera crucial, la esterilización.
La esterilización masiva y sistemática debe dejar de ser una opción y convertirse en el eje central de toda política pública de bienestar animal. No es solo un método de control poblacional, sino la principal herramienta para garantizar la salud pública, reducir el sufrimiento de animales abandonados y, fundamentalmente, proteger la biodiversidad nativa. La verdadera protección animal en el siglo XXI es aquella que entiende que el bienestar de un perro o un gato está intrínsecamente ligado a la salud del ecosistema que todos compartimos.
