El objetivo es echar para atrás la reforma según la cual, el monto de indemnización se calculará con base en el valor de la última transacción del bien expropiado; los afectados solo disponen de cinco días para presentar recursos contra la declaratoria de utilidad pública
Diputados de oposición en el Congreso del Estado buscan promover una acción de inconstitucionalidad para echar atrás la reforma a la Ley de Expropiación, aprobada la semana pasada, que, entre otras, contempla que el monto de indemnización se calculará con base en el valor de la última transacción del bien expropiado; los afectados solo disponen de cinco días para presentar recursos contra la declaratoria de utilidad pública; no admite recursos administrativos, y permite al gobierno la ocupación y el inicio de obras de manera inmediata.
Legisladores afirmaron que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román tiene la intención de contar con todos los instrumentos legales necesarios para realizar expropiaciones que requiera y no tener impedimento alguno para la ejecución de obras públicas.
Por ejemplo, con esa ley recién reformada podrá hacer las expropiaciones que necesite para la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Seybaplaya, Campeche, que es una obra estratégica del gobierno federal y que pretende edificarse en una superficie de 99 hectáreas.
El proyecto deberá estar comunicado con la carretera federal 180, los puertos de Seybaplaya y Campeche, así como con el aeropuerto internacional de Campeche y con el Tren Maya. De acuerdo con el gobierno federal, los predios que conforman el área del proyecto son de propiedad pública estatal.
Según el coordinador de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Pedro Armentía López, también podría utilizarse para la expropiación de terrenos afectados por el paso del gasoducto Mayakan, el cual tendrá 372 kilómetros en territorio de Campeche.
Ejidatarios de Santa Cruz, Hecelchakán, se han manifestado en contra del proyecto por las indemnizaciones que pretende pagarles la empresa Energía Mayakan por afectar sus parcelas.
Además, en obras del sistema de transporte público Ko’ox en la ciudad de Campeche o del Tren Ligero que va del centro de la capital a la estación del Tren Maya San Francisco de Campeche.
Un legislador de Movimiento Ciudadano comentó que ese partido busca el apoyo de diputados del PAN y del PRI para promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma.
Para poder interponer ese recurso se requiere el apoyo de al menos un tercio de los diputados de esa representación, es decir 12.
MC tiene 10; el PRI tres y el PAN dos. Morena, por su parte, tiene 16; PT dos y el Pvem dos.
En ese sentido, el diputado local priista, Jorge Salim Abraham Quijano, consideró que la reforma vulnera derechos fundamentales y coloca a los campechanos en un terreno de incertidumbre jurídica.
Concretamente, remarcó que recorta los plazos de defensa de 15 a cinco días para que las personas afectadas puedan presentar pruebas y alegatos. En su opinión, eso significa limitar el derecho de audiencia y debido proceso que la Constitución y los tratados internacionales obligan a garantizar.
Texto y foto: Agencia
