Por Sergio Aguilar
Lo siguiente es el resumen de una carta dirigida a organismos de derechos humanos respecto a la lamentable actitud del Congreso de Yucatán para no aprobar el matrimonio igualitario. Somos muchos más que un 1% los que la firmamos y pensamos con la razón y el corazón.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Víctor Madrigal, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de la ONU; Flávia Piovesan, relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH; Miguel Ángel Sabido Santana, presidente de la Codhey.
Apreciables responsables y representantes de organismos de derechos humanos en Yucatán, México y la región. Nos dirigimos a ustedes con preocupación para solicitar su apoyo ante la posibilidad de que el Congreso de Yucatán continúe perpetuando la discriminación en contra de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI+) que vive en este estado de la República Mexicana.
En los últimos días, el tema del matrimonio igualitario ha estado una vez más en el Congreso de Yucatán. Sin embargo, las y los diputados han pospuesto la discusión del tema “por cuestiones de calendario”. […]
En este contexto, recurrimos a ustedes por los siguientes motivos.
(1) Porque nos alarma que el Congreso de Yucatán considere la posibilidad de que el reconocimiento de los derechos humanos estén vinculados a su popularidad y a la aprobación de mayorías. […]
(2) Porque nos parece inaceptable que desde el Congreso de Yucatán se tomen decisiones francamente inconstitucionales. A pesar de que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 84/2015, “Matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, contienen una distinción con base en una categoría sospechosa”, y que en ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó la Recomendación General no. 23 sobre el Matrimonio Igualitario, dirigida a los titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país con el fin de que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, la constitución y el Código Familiar de Yucatán continúan impidiendo el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio.[…]
(3) Porque en Yucatán las administraciones anteriores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) han optado por guardar silencio sobre este tema, a pesar de que la situación de discriminación de la población LGBTTTI+ en Yucatán es preocupante. […]
Este es el contexto que ha llevado a quienes firmamos este documento a recurrir a ustedes solicitando su posicionamiento sobre este tema. Nuestro único objetivo es hacer ver a quienes integran el Congreso de Yucatán que el reconocimiento de los derechos humanos no está sujeto a su popularidad, que no modificar el marco legal vigente para reconocer plenamente el matrimonio igualitario es inconstitucional y que un Congreso que se niega a reconocer este derecho contribuye a perpetuar la discriminación y la opresión.
