La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa concluyó, de manera preliminar, que la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fue producto de un crimen de Estado en el que concurrieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales.
Luego de reunirse con los familiares de los normalistas en Palacio Nacional donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó con ellos sobre este informe, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y presidente de esta comisión, Alejandro Encinas, dio a conocer los avances de la investigación en la que se confirma la existencia de indicios para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda penalmente contra 51 personas, entre ellos 10 funcionarios federales de la anterior administración, aunque no se incluye al expresidente Enrique Peña Nieto.
«La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. (Además), autoridades estatales y federales de varios niveles fueron omisas existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
«Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la escuela rural Isidro Burgos, y participación permitieron la desaparición y ejecución, así como el homicidio de otras seis personas”, sostuvo.
El funcionario dijo que en el caso del extitular de la Agencia Federal de Investigación de la PGR, Tomas Zerón de Lucio, le ofreció personalmente un criterio de oportunidad para coadyuvar en la investigación, que rechazó.
«Nosotros estamos enfocados a dos objetivos fundamentales que es esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y buscar el paradero de los muchachos. Corresponde a la Fiscalía fincar las responsabilidades a los servidores públicos involucrados”, señaló.
La reunión con el exresponsable de la investigación por el crimen de los estudiantes se llevó a cabo el pasado 16 de febrero en Tel Avid en Israel donde se encuentra.
«Se mantiene el canal abierto con sus abogados para que acepte el criterio de oportunidad como parte del proceso de extradición”, subrayó.
El subsecretario Encinas reconoció que la reunión con los familiares de los jóvenes fue difícil y dolorosa debido a que se les confirmó oficialmente que no existe indicios de que puedan estar vivos.
Encinas cuestionó el actuar del Poder Judicial en este tema debido a que algunos jueces que conocieron del caso dejaron en libertad a presuntos responsables.
