Los acusan federalmente por el delito de robo de energía; Ayuntamiento otorgó permisos de construcción sin verificar se cumplan los lineamientos
Augusto Cámara González compró un departamento en el 2018, al fin cumplió su sueño de tener una algo propio. Usó su crédito para vivienda de interés social en el fraccionamiento Cielo Alto del municipio de Kanasín. Nunca imaginó que en realidad adquirió un problema. En el 2021, él junto con cuatro familias fue acusado por robar energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Acusó que la dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Kanasín – en la administración del exalcalde priista William Pérez- nunca exigió a la constructora Crear Hogares S.A. de C.V., los permisos para asegurar que cumplieran con toda la normativa.
“Ya llevamos varios meses con esto, ya quisimos hacer las cosas por todas las vías legales, pero pues ninguna institución nos quiere hacer caso, ya fuimos a fiscalía, y simplemente y sencillamente se lavan las manos, se abstienen de realizar las investigaciones y la verdad es un problema grande. Las cifras que nos están cobrando son cantidades exorbitantes que no concuerdan con el tiempo que llevamos como residentes en el fraccionamiento”, dijo en entrevista.
“Nos cobran desde 2016 a fecha actual, pero adquirimos las viviendas a finales del 2018 e inicios del 2019, llevamos menos de 3 años, no sabemos en qué se basaron para calcular esa cifra”, relató.
Fue el 16 de noviembre del 2021 que recibió un documento donde le informaron que supuestamente tenía un adeudo por casi 20 mil pesos con la empresa paraestatal. Explicó que él hizo el contrato de su predio para poder tener energía eléctrica y que pagaba puntualmente. No entiende porque la CFE acusó a su familia de robar el servicio.
Además, en el caso de Augusto es su esposa la demandada, no él. “Llegó una demanda por robo de energía contra mi esposa, que no tiene propiedad aquí. El servicio de alumbrado está a mi nombre”, explicó.
Carmita no sabía que la constructora instaló “diablitos” para bombear agua.
La señora Carmita López Murcia, adquirió apenas hace un año su departamento en dicha altea. Al igual que sus demás vecinas y vecinos, no tenía conocimiento que la constructora instaló de manera ilegal el servicio de agua potable, mediante bombas sumergibles. Fue el año pasado, que al igual que al señor Augusto, le notificaron que también estaba demandada.
Recordó que fue en compañía de su asesor legal, Andrés López, a la Agencia de la FGE en Kanasín para pedir se realicen los actos de investigación en contra de la constructora y se deslinden responsabilidades, pero el personal de la fiscalía se negó injustificadamente. Denunció malos tratos.
“Nos dijeron que no nos iba a recibir la denuncia de una manera prepotente, porque no procedía. Yo le conteste al licenciado, que se identificó como Daniel, que somos ciudadanos y como tal teníamos derecho de que se nos tomará la denuncia y ellos como autoridades la obligación de hacerlo, me grito y me trató despectivamente. Aseguró, que, aunque nos tomarán los datos y tuviéramos todo, no iba a proceder la denuncia” señaló la afectada.
¿Ayuntamiento de Kanasín y la justicia?
El asesor legal de las personas afectadas, Andrés López insistió en que la agencia de la fiscalía general del Estado (FGE) de Yucatán se niega a investigar. Declaró que interpuso varios controles judiciales y la respuesta de las autoridades fue que no harían su trabajo. Cree que puede existir corrupción.
“Hemos metido actos de investigación para solicitar información a la CFE y a la constructora, para que se les cite a sus representantes legales y se le informará a desarrollo urbano lo que estaba pasando. Inmediatamente la agencia de la fiscalía de Kanasín volvió a meter una segunda abstención de investigación, lo cual en todos mis años de experiencia jamás había visto que dediquen tanto tiempo a no querer investigar y tratar de obstaculizar un acto de este tipo, haciéndolo sospechoso. Pido la intervención directa del Fiscal del Estado, Juan Manuel León León, para que vea que es lo que está sucediendo en la agencia de Kanasín”, detalló.
En ese sentido, el Reglamento de Construcciones del Municipio de Kanasín, especifica en su artículo 75 que, para alcanzar los objetivos en materia de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento tiene competencia para “Proporcionar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines”, se lee.
Es decir, también existe una carga legal y responsabilidad de la autoridad municipal de la situación que viven las más de 200 familias que viven en los 16 edificios del fraccionamiento Cielo Alto.
Los afectados señalaron que hasta el momento la actual administración del municipio de Kanasín, encabezada por Edwin Bojórquez, tampoco ha tenido un acercamiento con ellos para conocer cuál es la situación por la que se encuentran atravesando.
Texto y fotos: Andrea Segura
