La ONU se declara alarmada por la decisión del gobierno de Nicaragua de quitar a 94 personas de sus derechos políticos y civiles
Desde la fuerte condena de Chile hasta la cautela de México o Colombia y el silencio de Argentina y Brasil, el caso de los apátridas nicaragüenses ha mostrado distintas posturas en Latinoamérica frente a uno de los temas más controvertidos de los últimos tiempos en la región y ha provocado fuertes críticas contra varios de esos gobiernos por no condenar de forma inequívoca una violación evidente de los derechos humanos.
Hasta ahora la reacción más contundente ha sido la del Gobierno chileno, que lidera el progresista Gabriel Boric y quien cataloga como una “dictadura totalitaria” a la administración de Daniel Ortega.
“Nos parece que la situación es de la más alta gravedad. Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestran, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, dijo el jueves la canciller chilena, Antonia Urrejola.
“Desde Chile no solo vamos a seguir denunciando esta situación, vamos a seguir haciendo las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a estas personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización en Nicaragua y esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, añadió.
Con más cautela, el Gobierno que encabeza en Colombia el izquierdista Gustavo Petro expresó este viernes su “preocupación” por los recientes acontecimientos en Nicaragua, a raíz del retiro de la nacionalidad a 94 ciudadanos -con lo que sube a 317 la cifra de apátridas en los últimos días- por sus críticas hacia Ortega, y el destierro de 222 exprisioneros políticos, que fueron excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos.
A su vez, el Gobierno de México, liderado por el también progresista Andrés Manuel López Obrador, se declaró el jueves “atento” a los acontecimientos en el país centroamericano.
La ONU se declaró “alarmada” por el retiro de la nacionalidad a quienes han expresado críticas hacia el Gobierno de Ortega y pidió que sus derechos humanos sean respetados.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó la “alarma” del secretario general, António Guterres, por la “decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar a 94 personas de sus derechos políticos y civiles”, como ya hizo con los 222 presos.
Texto y foto: EFE
