La trampa en torno al ya expresidente de Interpol y viceministro de Seguridad Pública chino, Meng Hongwei, se complica. Las autoridades chinas confirmaron ayer que la razón por la que investiga al alto cargo es que le considera sospechoso de haber recibido sobornos. La declaración llega pocas horas después de que el órgano de cooperación policial informara de que había recibido la carta de dimisión de Meng, que había desaparecido el 25 de septiembre tras aterrizar en China y de que Pekín confirmara a última hora del domingo que se encontraba bajo su custodia.
En un comunicado, el Ministerio de Seguridad Pública china señala que “la investigación contra Meng Hongwei por aceptar sobornos y violar supuestamente la ley es muy oportuna, absolutamente correcta y bastante sensata”. Pero también apunta a que el caso puede ir más allá de un mero delito de corrupción y tener ramificaciones políticas: “Su insistencia en hacer las cosas a su manera significa que solo debe culparse a sí mismo por encontrarse bajo investigación”.
El caso es, a los ojos de Pekín, de una seriedad extraordinaria. Lo suficientemente grave como para arriesgarse a un escándalo internacional sobre sus prácticas de detenciones extrajudiciales. Y como para que el ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, convocara una reunión de altos cargos del ministerio la medianoche del domingo, al tiempo que se hacía pública la detención del entonces aún jefe de Interpol. Estos mandos, subraya el comunicado, expresaron su apoyo a la investigación contra su colega.
La investigación “demuestra que no hay privilegios ni excepciones frente a la ley y cualquiera que la viole debe ser severamente castigado”, subraya el texto, que continúa con profusas expresiones de lealtad al Gobierno que encabeza el presidente Xi Jinping y al Partido Comunista de China.
Meng es el caso más reciente, y uno de los más espectaculares, dentro de la extensa campaña contra la corrupción que vive China desde la llegada al poder de Xi, hace seis años, y en el que se ha castigado a más de 1.5 millones de funcionarios. Según han denunciado algunos analistas y ONG, la campaña se ha empleado en ocasiones para neutralizar a posibles adversarios políticos.
Entre ellos figura el antiguo ministro de Seguridad Pública Zhou Yongkang, antiguo jefe directo de Meng y condenado en 2015 a cadena perpetua.
Texto y foto: Agencias