Comités revelan quiénes cumplen requisitos para elección judicial

Los Comités de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) y del Poder Ejecutivo Federal dieron a conocer este domingo las listas de las y los aspirantes que quieren ser candidatos a jueces, magistrados y ministros en la elección judicial de 2025.

Entre los perfiles aprobados por el Comité del Poder Ejecutivo, destaca el nombre Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa en la Presidencia de la República y cuyo despacho de abogados, Accuracy Legal and Consulting, S.C., ha representado al exgobernador acusado de corrupción Francisco Javier García Cabeza de Vaca en numerosos litigios.

También pasó el primer filtro Bernardo Bátiz Vázquez, quien se desempeñó como Procurador General de Justicia en la Ciudad de México durante el mandato de López Obrador como Jefe de Gobierno, y quien formó parte del “Gobierno legítimo” tras las elecciones de 2006. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana.

En la lista del Comité del Poder Judicial se incluyó a Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que ingresó en 2012 mediante concurso de oposición. Gutiérrez es esposa del General Rafael Macedo de la Concha, quien fue Procurador del expresidente Vicente Fox.

En el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, 238 aspirantes a ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Sin embargo, en el Comité del Poder Judicial, únicamente 25 personas lograron los requerimientos mínimos para el puesto.

El mismo caso sucede con las y los aspirantes para integrar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: mientras 184 personas lograron pasar el primer filtro desde el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial sólo lo hicieron nueve personas; para el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el primer Comité avanzaron 41 perfiles y en el segundo, ocho lograron entrar a la siguiente etapa.

Asimismo, el Comité de Evaluación del PJF dio el visto bueno a 33 perfiles para ser Magistrado o Magistrada de las salas regionales del TEPJF. En cambio, para los cargos por especialidad y circuito de tribunales colegiados, las y los aspirantes ascienden a 374. En tanto, para los tribunales colegiados de apelación la lista la conforman 24 personas. A su vez, 573 hombres y mujeres buscan ser jueces federales.

Posibles relevos de ministros de la SCJN

Además de Bátiz y Gil Zuarth, uno de los perfiles que más destacó para contender por un cargo de Ministra o Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la Ministra en retiro y diputada del partido Morena Olga Sánchez Cordero.

Otro de nombres que figuró es el de Ana María Ibarra Olguín, quien es doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Más de ocho años fue Secretaria de Estudio y Cuenta especializada en derechos humanos en la ponencia del Ministro en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

“Contribuyó en la construcción de líneas jurisprudenciales sobre interés superior del menor, bullying escolar, evolución de la autonomía de las niñas y niños, el derecho a la identidad, derecho de daños, responsabilidad patrimonial del Estado, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, indica su perfil en la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar.

En este listado no aparecen las actuales ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, pues al decidir participar en la elección tienen pase directo a las boletas.

El Comité de Evaluación del PJF también eligió a Marisela Morales Ibáñez, quien abril de 2011 se convirtió en la primera mujer en ser Procuradora General de la República en México, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Ibáñez, que también encabezó Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), siempre supo del operativo “Rápido y Furioso”, con el cual dos mil armas ingresaron ilegalmente a México desde Estados Unidos y se entregaron a grupos criminales, principalmente a los cárteles de Sinaloa y Los Zetas.

Texto y foto: Agencias