El gobierno del estado analiza los mecanismos para obtener cerca de 2 mil millones de pesos para inyectarle al Isstey, ya que, de no hacerlo, en 2021 podría darse una quiebra total de este instituto.
Mauricio Tappan Silveira, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado destacó que, ni vendiendo todas las propiedades del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, podría alcanzarse la cifra que se necesita para mantener el proceso de pago de pensiones para los trabajadores jubilados.
Desde el inicio de la actual administración, el gobierno del estado informó de la fragilidad en las que se encuentran las finanzas de este organismo.
“Es preciso realizar una serie de estrategias e inyectarle recursos, ya que de otra manera, para 2024 se habrían perdido todos los fondos de esta institución”, detalló.
El funcionario expresó que el Isstey se encuentra en una situación de números rojos, por varias causas, cuotas no cubiertas debido al crecimiento del número de trabajadores que se han jubilado del gobierno del estado, que incluyen casos de personas de avanzada edad que se casan con personas mucho menores para tener acceso a esa pensión.
Cuestionado sobre si el gobierno estatal podría establecer un crédito para refaccionar a esta institución, el funcionario agregó que no se contempla un crédito, sino que se busca otro tipo de mecanismos para allegarse de recursos.
“Es preciso no seguir profundizando en la situación crítica del Isstey, sino darle una solución y no heredar este problema a otras administraciones, ya que, es preciso que los trabajadores jubilados del gobierno sigan gozando de sus pagos establecidos por jubilación o pensión”, comentó.
El funcionario expresó que desconoce el número total de trabajadores jubilados del gobierno del estado; sin embargo es una cantidad fuerte la que se eroga mensualmente por este concepto.
Mauricio Tappan también fue cuestionado sobre las condiciones legales de los trabajadores que han sido despedidos por colocar leyendas y opiniones en redes sociales.
Dijo desconocer el número de empleados estatales que han sido cesados por este tipo de actos y señaló que, cada dependencia del gobierno tiene sus propias medidas y condiciones a las que se debe de apegar un empleado, para expresar sus ideas.
“Como empleados del gobierno del estado no pueden ostentarse con un cargo público para manifestar ideas contrarias a los postulados constitucionales y actos que vayan en contra de las leyes, pero en cada circunstancia, la dependencia en la que trabajan y están asignados establece los criterios de valoración sobre las acciones de cada trabajador”, finalizó.
Texto y foto: ACOM
