Un juez federal otorgó amparo al empresario Carlos Antonio Mimenza Novelo y ordenó suspender las acciones que éste denunció contra el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, “otras autoridades” y algunos medios de comunicación.
De acuerdo con un documento de cuatro hojas del que Punto Medio recibió una copia, el Juez Quinto de Distrito en el estado de Quintana Roo, Ciro Carrera Santiago, “vista la demanda de amparo promovida” por el citado empresario, “contra actos del gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, y otras autoridades”, ordenó que se integre el expediente físico y electrónico del caso y “anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo número 561/2017-E-10”.
Como informamos anteayer jueves, por presuntos “actos de infamia, hostigamiento, intimidación, acoso, tormento y tortura psicológica”, Mimenza Novelo, empresario inmobiliario de Cancún, solicitó el lunes pasado un amparo y la protección de la justicia federal ante los juzgados de distrito en esa ciudad contra el gobernador Joaquín González, varios de los integrantes del gabinete de éste y algunos medios de comunicación.
Origen del hostigamiento
El empresario explicó que los ataques en su contra surgen luego de que acusó, ante instancias ministeriales del fuero común y federales, al Gobierno del Estado de Quintana Roo de “hechos probablemente constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra la administración 2013-2016 de Solidaridad, que encabezó Mauricio Góngora (y Rafael Castro como suplente), el gobierno 2011-2016 de Roberto Borge Angulo, así como del actual titular de Sefiplan, el poblano Juan Vergara Fernández, por presunto desvío de recursos al contratar el refinanciamiento de la deuda pública de Quintana Roo”.
Mimenza lleva ya varias semanas en una “guerra” mediática y legal contra el gobierno de Joaquín González, en lo que él llama “Cruzada nacional contra la impunidad y corrupción”.
Como parte de ese enfrentamiento abierto que sostiene, Mimenza también ha denunciado por medios de internet que una “mafia poblana” está infiltrada en el gobierno de Quintana Roo, con la misión de acopiar recursos destinados a “financiar el proyecto presidencial” del exgobernador panista de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas,
Suspensión de actos
Respecto a la concesión de amparo que se reveló ayer, el juez Carrera Santiago también estableció en su decisión que con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo vigente, “se decreta la suspensión de plano respecto de los actos reclamados” por el denunciante, y “para efecto de que tales actos cesen de mediato, deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables, a fin de que acaten en su más estricta responsabilidad” las disposiciones del juez.
En el mismo documento, expedido por el secretario del juzgado federal previa orden del titular de la instancia, el magistrado Carrera indicó que Mimenza Novelo se quejó de que “se ejecutan en su contra situaciones de hostigamiento, intimidación, acoso y tormento”, las cuales “se traducen en actos de infamia y tortura psicológica y moral”.
Carrera Santiago también estableció que las autoridades involucradas en el caso deben informar a ese juzgado, “dentro del improrrogable término de 24 horas (el documento tiene fecha del 19 de abril), sobre las medidas que adopten al respecto, con el apercibimiento que de no acatar la anterior determinación serán sancionadas” de acuerdo con la ley.
Igualmente ordena el juez que “dése vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional para que, de manera pronta, objetiva e imparcial, inicie la investigación correspondiente” a la denuncia de hostigamiento que presentó Mimenza Novelo.
Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo –ordena el juez federal–, pídanse informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, los cuales deberán rendir dentro del término de 15 días, para informar, entre otras cosas, si son ciertos o no los actos reclamados, o si los consideran improcedentes.
Carrera Santiago indica que “se les apercibe a los involucrados que en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados” por el juzgador con la totalidad de los requerimientos, se les impondrán las multas que marque la ley.
– Redacción
