Por Guillermo Barrera Fernández
Recientemente un diputado, contagiado de esa fiebre populista que afecta a los políticos, sin importar origen partidista, propuso para apoyar la economía de los yucatecos que el Gobierno del Estado dejara de cobrar derechos por actas de nacimiento. La medida, evidentemente populachera, no considera que los ciudadanos rara vez se ven en la necesidad de pagar por actas, pues por mucho que las requieran, tramitarlas no es cosa de todos los días, de suerte tal que el “apoyo a la economía de los ciudadanos” es prácticamente virtual y si la propuesta no se concreta, su impacto, a favor o en contra, es de hecho inexistente.
Pero el legislador de marras dio en el clavo al resaltar la necesidad de apoyar la economía de los habitantes de nuestra entidad, y su planteamiento obliga a remitirse de manera casi irremisible a otro planteamiento de un correligionario suyo, respecto de eliminar el pago de la tenencia vehicular, argumentando que ya suficientes impuestos se pagan al adquirir un automotor, para encima de ello tener que pagar más.
Por tanto, merced a que el pago de impuestos es una forma de proveer de recursos a las autoridades, y considerando que la transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones gubernamentales que deben encontrar los mejores canales para crear conciencia de la importancia de cumplir, es fundamental privar de ellos a quienes no satisfagan su deber de buscar el bien común.
En similar orden de ideas y considerando que nuestra ciudad no se encuentra en el mejor de los estados posibles, que sus calles se miran llenas de baches, sucias y mal iluminadas, que la autoridad municipal no ha cumplido con su obligación de informar a la colectividad, toda vez que tras ofrecer austeridad ha incrementado la plantilla laboral municipal, pero principalmente no ha manifestado qué resultados ofrecen al día de hoy los cuatro coordinadores generales que no existían en el organigrama, que no se ha aclarado en qué se usan los recursos presupuestales y los rumores de favoritismos y negocios de dudosa moralidad están a la orden del día, sin que nadie haga nada en la práctica para despejar dudas; que se habla de apoyos indebidos del municipio para proselitismo partidista, que los trabajadores del ayuntamiento siguen careciendo en importante proporción de seguridad social y prestaciones, que la autoridad en vez de concientizar ha optado por amedrentar a la ciudadanía, amenazando con el embargo de sus viviendas si no pagan sus contribuciones, y toda vez que se ignora en qué se emplea el numerario recaudado, propongo a los meridanos NO PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL, en tanto el ayuntamiento de Mérida no modifique su actitud.
La propuesta merece reflexionarse, toda vez que los montos a satisfacer van siempre en ascenso y que, por tanto, el ahorro será significativo y se reflejará en el bolsillo, que lo agradecerá. Los meridanos tienen la palabra.
