Son las ocho de la noche, y cargando en las espaldas una caja de madera con dulces, chicles y cigarros, avanza rápidamente un chiquillo sobre la calle 58, por su tamaño pensaríamos que tiene menos de 12 años, por lo que no se entiende como en medio de la pandemia de COVID-19 es mandado a trabajar a las calles del centro de la ciudad, donde rápidamente se pierde.
En abril de 2019, Peninsular Punto Medio publico una nota de Ivan Duarte Medina, en la que en base a cifras del INEGI, se advertía un alza en el número de menores de 16 años que realizaban una actividad laboral en Yucatán, cuyo porcentaje pasó de un 36 a un 38 por ciento, calculándose además de que alrededor de 5 mil 700 menores no acudían a la escuela.
La tasa de menores que no deberían de laborar, pero que fueron detectados e identificados en un conteo en condición de trabajo fue de un 7.1 por ciento en la entidad, porcentaje superado por el estado de Campeche donde la cifra fue de 7.9 por ciento.
Pero de acuerdo al estudio denominado “Impacto de la pandemia en los derechos de la infancia en México”, que se presentó este martes en sesión virtual, quedó en claro qué crecerá el trabajo infantil como efecto del desplome de la economía por la que atraviesa el país y también por la orfandad a la que se enfrentarán miles de niños por la muerte de sus padres o tutores.
Juan Martín Pérez García de la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico, REDIM, destacó que independientemente de lo anterior en el 73% de las familias con niños se han reportado la reducción hasta de un 50% en los ingresos familiares en comparación con el mes de febrero.
“Muchos padres de familia se han quedado sin trabajo han sido descansados además o han negociado una reducción salarial a cambio de no quedar cesantes, lo que se refleja en la falta de recursos para adquirir alimentos suficientes y de calidad para sus familias y en especial de los niños, mientras que los programas de asistencia social resultan insuficientes y su protección solo llega a 3 de cada siete familias que lo requieren”, explicó.
Por si fuera poco, con la necesidad de que el nuevo curso escolar sea a distancia en prevención de contagios de COVID, con el cierre de escuelas, esta en riesgo el derecho a la educación, ya que a pesar de los diversos esfuerzos entre los que resaltan la iniciativa de educación a distancia “Aprende en casa”, el 48.5% de las familias que participaron en la Encovi 19 reportaron dificultades para continuar con la educación por falta de computadora o internet.
De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1.4 millones de hogares todavía no cuentan con señal de televisión digital, mientras que el Inegi, reporta que el 44.3% de los hogares del país disponen de computadora y sólo el 52.9% de las familias en México tiene acceso a internet mediante conexión fija o móvil.
El riesgo de que miles de niñas, niños y adolescentes no asistan a la escuela en el próximo curso escolar se incrementa en las comunidades migrantes o indígenas para las cuales no existe información sobre modalidades que respondan a sus particularidades.
Ante esto, una de las propuestas planteadas fue la de ampliar de forma urgente los servicios de conectividad a través de internet gratuito y el servicio de wi-fi en los sectores de población más excluidos especialmente en las geografías de difícil acceso
En la sesión se habló también del incremento de la violencia doméstica en los hogares, esto debido a que los padres de familia están en casa por el aislamiento, lo que da lugar a la pérdida de espacios por lo que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Ricardo Bucio Mújica, se pronunció por combatir esta situación mediante la creación de agendas de trabajo que incluyan la agenda pública, la presupuestal y la legislativa.
Entre algunas de las propuestas presentadas por la Red de los Derechos de la Infancia en México REDIM, para reducir el impacto de la crisis alimentaria y estimular el retorno a una dieta saludable, se encuentran el otorgar alimentos saludables a las familias de niños niñas y adolescentes quw antes los recibían en las escuelas, así como aumentar a las familias beneficiarias de estos programas durante el tiempo de suspensión escolar observando estrictas medidas de higiene.
También sugirieron priorizar los programas de transferencias económicas a las familias más afectadas, así como ampliar programas y servicios para la alimentación saludable de niñas niños y adolescentes en condiciones de pobreza pobreza extrema y en municipios de mayor riesgo de trabajo infantil.
En la actualidad el 49.6 por ciento de las familias mexicanas están en pobreza y el.9.3 por ciento en pobreza extrema.
Texto: Manuel Pool
