El Congreso del Estado da luz verde a reformas a la Ley del Registro Civil, crea la Ley de Adopciones, y realiza cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Bienestar Animal
En una jornada que por momentos se tornó ríspida por temas políticos, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Registro Civil en materia de garantizar el derecho a la identidad de género a las personas trans; asimismo, creó la Ley de Adopciones del Estado de Yucatán y realizó cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de autonomía y a la Ley de Bienestar Animal, que endurece los castigos a las personas que cometen violencia contra los animales de compañía.
Asistieron a la Sesión de Pleno ciudadanos identificados con la comunidad de personas transexuales en la entidad, así como de agrupaciones protectores de animales, quienes promovieron la “Ley Rufo”. De hecho, estos últimos llegaron vestidos de verde y desplegaron una manta en agradecimiento al diputado panista Jesús Pérez Ballote.
Día importante
Una de las asistentes fue la abogada Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unasse, quien consideró que se vivió un día importante por la defensa de los derechos humanos de las personas trans, tanto como cuando se aprobó el matrimonio igualitario.
“Ahora no solamente hay ese reconocimiento como tal, sino ya la garantía de que está plasmado en la legislación”, dijo.
Indicó que se trata de una lucha de más de seis años, pues la primera iniciativa en la materia se presentó por la diputada Cindy Santos Ramayo, del Panal.
Contó que aquella iniciativa no se discutió, lo que activó una estrategia jurídica a través de amparos, tal como se hizo antes con la de los matrimonios igualitarios.
Es decir, se presentaron amparos y el primer caso exitoso fue el reconocimiento de la identidad de un niño de 12 años.
“El avance que hemos tenido en estos años, que cada vez mayor acceso a amparos y mejor atención en el registro civil, tanto que ya desde el año pasado no se tiene que presentar amparo, pero lo mejor, tras la aprobación de ayer, es que la decisión de registrar a una persona por el género que se identifica ya no quedará a la voluntad de los funcionarios del Registro Civil”, afirmó.
Ahora, agregó, cualquier funcionario tendrá que atender estos casos, lo que va a garantizar el ejercicio de los derechos humanos a la identidad.
“De esta manera también las personas trans no quedan expuestas a la discriminación, violencia institucional o comunitaria por no tener sus documentos acordes a su identidad”, recalcó.
Procedimiento administrativo
En este tema, la promovente de la iniciativa que reforma la Ley del Registro Civil, Karla Franco Blanco, recordó que la medida establece el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género, planteando la expedición de una nueva acta, únicamente con la solicitud correspondiente ante el registro civil, de la persona interesada, que manifieste su consentimiento libre, voluntario e informado para que se reconozca su identidad de género.
“De esta manera, las personas interesadas en realizar este procedimiento, ya no tendrán que recurrir a juicios de amparo, procedimientos judiciales tardados y costosos a fin de hacer valer a plenitud sus derechos”, apuntó.
Señaló que el Registro Civil será la entidad que expida el acta, además de que dejó en claro que sus funcionarios deberán conducirse con respeto a los derechos de las personas.
La diputada Manuela Cocom Bolio destacó que “este paso que estamos dando impacta de manera profunda y positiva a la ciudadanía, ya que quienes no cuentan con este reconocimiento de la identidad pudieran encontrarse con una limitación de sus derechos en el acceso a la educación, trabajo, salud y vialidad”.
Por su parte, la diputada Gabriela González Ojeda expresó que, con la aprobación de las reformas, se logra eliminar una barrera más a la inclusión, “pues ya no habrá pretextos, ni obstáculos, que justifiquen la discriminación en el registro civil, o en otras oficinas gubernamentales”.
Tras la aprobación, diversos colectivos de la comunidad LGBTTIQ que se encontraban en el sitio externaron su alegría por el hecho.
Se informó que, con dicha aprobación, Yucatán se convierte en el estado 21 en reconocer la identidad de género en su normativa.
Adopciones más rápidas
En la misma sesión, los legisladores también avalaron por mayoría la reforma a la Ley de Adopciones, de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el Código de Familia del estado, que permite agilizar el proceso de adopción.
Se trata, también, de un hecho histórico y de justicia para la niñez y adolescencia del estado.
La diputada Carmen González Martín destacó que la Legislatura trabaja para procurar justicia en favor de niñas, niños y adolescentes a fin de que accedan a un núcleo familiar seguro, de confianza y desarrollo.
González Martín explicó que se propone una participación social y activa de las autoridades para que cualquier persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación o sociedad civil resguarden a los menores y eviten que tengan un entorno perjudicial a su desarrollo.
Contra la crueldad animal
El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que tipifica el delito de crueldad animal, endureciendo las penas para quienes cometan actos de violencia contra animales domésticos, en situación de abandono, ferales e incluso silvestres.
Las nuevas penas incluyen hasta 10 años de prisión y multas de hasta 9 millones de pesos, buscando combatir de manera contundente la violencia hacia los animales y garantizar su protección.
La reforma, conocida como “Ley Rufo”, fue impulsada por el diputado local Jesús Pérez Ballote (PAN) y celebrada por grupos defensores de los derechos de los animales.
“Es un paso de suma importancia en la construcción de un mejor Yucatán, donde la integridad y la vida de todos los seres sintientes se respete plenamente”, manifestó Pérez Ballote.
La reforma busca evitar que los responsables de actos de crueldad animal gocen de impunidad, al tiempo que brinda certeza jurídica sobre las sanciones que se impondrán.
Asimismo, se restringe la posibilidad de que los imputados accedan a un criterio de suspensión del proceso, obligando a que se llegue a juicio y se dicte una sentencia.
La aprobación de esta reforma es considerada un paso adelante en la protección animal en Yucatán, posicionándose como una de las leyes más severas en el país.
Texto y fotos: Esteban Cruz Obando
