Juan José Abraham Dáguer considera que ese privilegio constitucional sólo debe seguir en los casos que proteja o resguarde la actuación de quienes lo ostentan.
LOS PODERES JUDICIAL Y LEGISLATIVO del Estado de Yucatán están obligados, de cara a la sociedad, a debatir con altura y no politizar el tema del Fuero, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determinará lo que procede en el caso de la Controversia Constitucional promovida por los magistrados, aseguró Juan José Abraham Dáguer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur).
–Lo primero que hay que señalar es que exista respeto entre los poderes, que no pueden caer en dimes y diretes y cualquier debate tiene que ser de altura, con argumentos válidos, sin protagonismos individuales o partidistas, pues se trata de una petición de la sociedad la eliminación del Fuero, y es un derecho de los magistrados querer conservarlo—aseguró el líder empresarial.
Abraham Dáguer le dio su lugar a los dos poderes del Estado, luego de que la bancada del PAN demandó ante el Inaip al Poder Judicial por falta de transparencia en su sitio de internet, ya que no habían subido las actas de sus sesiones en el Pleno.
A todo ello, el presidente del Tribunal, Marcos Alejandro Celis Quintal, rechazó la falta de transparencia y pidió a los panistas publicar los gastos del dinero público que reciben.
Ante ello, el presidente del PAN, Raúl Paz Alonzo, dijo que no se dejarán amedrentar y que pedir transparencia no es falta de respeto.
–Yo creo que hay que reconocer el derecho que tiene el Poder Judicial de pedir la Controversia Constitucional y que los diputados hicieron bien en atender el llamado de los ciudadanos, que ya no quieren privilegios, por lo que lo mejor será esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se exprese sobre la solicitud que se le realizó –afirmó el líder de los comerciantes.
En ese sentido, Abraham Dáguer dijo que el Fuero debe seguir solamente en los casos en los que proteja o resguarde la actuación de quienes lo ostentan.
Es decir, un diputado nunca debe ser enjuiciado por aprobar una ley y un Magistrado también no debe ser enjuiciado como consecuencia de una sentencia que emita en un caso bajo su responsabilidad.
Texto: Esteban Cruz Obando
Fotografías: Cortesía
