El Congreso del Estado de Yucatán declaró la validación de la Reforma Constitucional en materia de inhabilitación de por vida de los políticos corruptos y por faltas administrativas, que fue propuesta de la bancada de Movimiento Ciudadano.
Al respecto, la diputada Silvia López Escoffié reconoció la voluntad política de los municipios yucatecos que aprobaron la iniciativa para reformar la Constitución Política de Yucatán, por lo que ahora será enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno estatal.
Tras la reforma, quienes en el ejercicio de su encargo cometan actos de corrupción perderán el derecho de ser llamados servidores públicos.
“Quienes cometen actos de corrupción no tienen nada que hacer en el gobierno y no deben permanecer en él”, reiteró la legisladora, quien señaló que la corrupción es un problema de tal magnitud que requiere de acciones contundentes que ayuden a resolverlo.
PIDEN CAMBIO DE FORMATO
En tribuna, López Escoffié fijó su postura respecto al informe de actividades que presentó ayer ante la LXII Legislatura el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana.
Señaló que es necesario cambiar el formato del informe, pues con el actual no es posible cuestionar ni expresar las inquietudes que surgen, “podemos pasar como diputados sentados, dejar que las sinergias nos lleven, o hacer los cambios pertinentes”.
Manifestó que se dieron a conocer muchas cifras; sin embargo nada de fondo, y es urgente conocer lo que se ha hecho a favor de la defensa de los derechos humanos en la entidad.
En ese mismo sentido se pronunció el diputado Miguel Rodríguez Baqueiro, del PAN, quien expresó habría que hacer una revisión de los recursos públicos que se le otorga al organismo (en el año en cuestión recibió 36 millones de pesos), ya que podrían ser dirigidos al trabajo coordinado con agrupaciones y asociaciones civiles.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
