Un total de cien personas, de un total de 700 afectados presentó ayer una denuncia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano /(Sedatu), William Sosa Altamira, por la asignación de 100 millones de pesos en favor presuntamente de la organización priista “Antorcha Campesina”.
Los afectados son integrantes de la Organización General Popular Campesina y su representante, Israel Rodríguez Cortés, acusó al delegado de esa dependencia y al diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín de “favorecer a organizaciones con filiación priísta y dejar de lado a personas que realmente necesitan dicho apoyo”. “Esta denuncia se debe a que desde hace más de tres años tratamos de reunirnos con los delegados de la Sedatu, ahora con William Sosa Altamira, en la cual se le pide que lleve los procesos de acuerdo a las reglas de operación, que no viole las reglas, sin embargo, ellos obedecen nadamás las órdenes de sus superiores”, mencionó a la entrada del edificio en Paseo de Montejo. Afirmó que desde 2013, Sosa Altamira entrega millones de pesos a la organización “Antorcha Campesina” con la anuencia del entonces titular de la Sedatu a nivel nacional, Jorge Carlos Ramírez Marín.
“La mayoría de los apoyos a la vivienda presentan un avance del 60% y a pesar de ellos continúa la ayuda hacia esa organización, lo que demuestra que con tintes partidistas son repartidos en la entidad. Por lo que, cansados de la displicencia con la que son tratados por funcionarios de la Sedatu en Yucatán, más de 100 personas consideradas como parte de la población en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación decidimos presentar denuncia ante este Tribunal”, señala.
En total, informa, son 700 familias afectadas con la discriminación de los funcionarios federales, provenientes de 10 municipios, sin embargo, solo una centena decidió emprender acciones legales para que sus derechos sean respetados.
Señaló que el trato que Sosa Altamira da es denigrante y altamente ofensivo a integrantes de esa organización que solicitan ser incluidos en el Programa de Apoyo a la Vivienda de la Sedatu. “Caen en prácticas ilegales como el clientelismo, la opacidad y la no rendición de cuentas, lo que se traduce en ilegalidad y corrupción, favorecen intereses personales y políticos”, declara.- Esteban Cruz Obando
