Carlos Hornelas
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Si el presidente ya había pensado en eliminar los organismos autónomos, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, le ha puesto el primer clavo al ataúd del organismo a su cargo. Frente al pleno del Senado de la República ha aseverado que la CNDH debe desaparecer, debido a que “ya no responde a las necesidades del pueblo”.
Estoy seguro que, aquellos extranjeros sin contexto que leyeran esta declaración, pensarían que a lo que se refiere es que finalmente el organismo ha logrado su cometido al servir de contrapeso al Estado en la vejación de los Derechos Humanos de los ciudadanos y se ha instalado permanentemente un estado de derecho tan cabal que estos incidentes forman parte del pasado remoto. Nada más lejano a la realidad imperante en nuestro país.
La vergonzante declaración de la funcionaria se puede entender como una claudicación a su misión y una franca actitud de vasallaje y subordinación al Presidente López Obrador, antes que como el titular del poder ejecutivo, como si se tratara de su líder carismático personal. Su propia declaración la nulifica como funcionaria, como persona.
Se ha negado a sí misma dos veces. Se ha borrado a voluntad de un tercero siendo la cabeza de un organismo que constitucionalmente es ajeno a la influencia de cualquier poder de la Federación. Se ha eliminado como funcionaria al reconocer que institucionalmente el organismo a su cargo “no tiene razón de ser” y se ha dado cuenta no al inicio de su gestión, sino cuando alcanza a ver el final de su período. Cuando ya todo está consumado, desmantelado.
En años recientes los diferentes colectivos de madres de las víctimas de desaparición forzada o aquellas que simplemente perdieron a sus familiares de un día para otro sin saber a ciencia cierta qué les ocurrió, han dejado claro que alrededor de la extensa geografía del país se extiende como cordillera una fosa clandestina tras otra, en las cuales queda sepultada la esperanza de recuperar una vida humana, con el drama humano que esta tragedia supone.
Muchas pueden ser las causas de este fenómeno, lo que no puede hacerse es ignorar la existencia de este hecho o culpar del mismo a los dolientes de las víctimas, negarles su libertad de expresión y su derecho constitucional de petición, su reclamo por la más básica norma sobre la cual se superpone cualquier ley en nuestro sistema jurídico: el respeto a los derechos humanos.
Desde hace tiempo la situación de la CNDH empezó a atraer reflectores, no solo de la prensa local o extranjera sino de organismos internacionales que observan con preocupación lo que ocurre.
Es preciso en este momento recordar que la CNDH cuenta en su estructura con un Consejo Consultivo que dentro de sus funciones otorgadas por la normatividad vigente puede solicitar información al titular de la Comisión sobre asuntos en trámite o las resoluciones que emite. Está integrado por diez miembros que no tienen filiación partidista (ciudadanos) que son ratificados en su cargo por el Senado de la República y no reciben remuneración económica alguna por sus labores.
A la llegada de Piedra Ibarra en el inicio de su gestión, renunciaron cuatro de ellos por considerar que tenía relaciones de connivencia con el poder ejecutivo que impedían el desarrollo natural de sus funciones. A finales del año pasado, seis de los restantes integrantes renunciaron en protesta por amenazas y calumnias de la funcionaria. Al mejor estilo de López Obrador, como lo hace con el INAI, esta institución se quedó sin Consejo Consultivo y ahora alega que no funciona: el clásico mecanismo de desmantelamiento que tiene su sello.
