Mandatarios de todo el territorio nacional piden al Gobierno Federal recursos económicos y materiales para atender la contingencia sanitaria por el coronavirus.
Con el pasar de los días por la contingencia del coronavirus COVID-19, el distanciamiento social y la caída de la economía han sacado a relucir varias diferencias entre los gobernantes estatales y el Poder Ejecutivo Federal, al que acusan de abandonarlos a su suerte.
Por ejemplo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, lanzó una propuesta al Gobierno Federal para que por cada peso destinado al Seguro del Desempleo ellos pongan uno más, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior fue dado a conocer por el mandatario estatal en un video publicado el viernes pasado en sus redes sociales, donde habló de todas las medidas que ha tomado.
“También solicitamos al Gobierno Federal que nos apoye para que los seguros de desempleo puedan llegar a muchos más yucatecos, de la cual, por cierto, no hemos recibido ninguna propuesta”, afirmó.
Hay varios ejemplos de las diferencias entre los Estados y la Federación, aunque destacan: la atención a los más pobres, la protección al empleo, el apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas y la contratación o no de deudas para encarar estos retos.
Contrario a lo que se hace a nivel nacional, en donde López Obrador ha dejado en claro que no contratará deuda ante el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, tal como lo han hecho otros países, incluso tan pequeños con El Salvador, los gobernadores, incluido el de Yucatán, han optado por solicitar a sus Congresos más deudas con bancos e instituciones financieras.
En el caso de Yucatán se pretendió una deuda de 1,720 millones de pesos, pero al final el Congreso del Estado solo le concedió una ampliación de 1,500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos del 2020, un dinero que se tendrá que pagar antes que concluya el mandato de Vila Dosal.
También, la semana pasada se hizo viral una propuesta de los gobernadores del Norte y del Bajío del país, que claramente han reclamado al Gobierno Federal un mejor trato fiscal, pues aseguran que su aportación al Producto Interno Bruto es mayor, mucho mayor, a lo que reciben por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De hecho, los mandatarios Enrique Alfaro (Jalisco-Movimiento Ciudadano) y Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” (Nuevo León-Independiente) han llegado a plantear que se revise el convenio fiscal y han tomado decisiones para contener el COVID-19 diferentes a las autoridades federales, en franco enfrentamiento contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, a quien le reprochan haber tomado medidas tardías contra el coronavirus.
Mención aparte merecen los gobernadores del PAN, agrupados en su propia organización y en la que exigen al Gobierno Federal acompañamiento en la protección al empleo y el envío de material de seguridad para los trabajadores de la salud.
En un video publicado el 14 de abril, los gobernadores panistas emitieron un posicionamiento duro en contra de la Federación, pidiendo claridad en cifras y en la distribución de los recursos para atender a los ciudadanos y para los servicios de salud.
Participaron en el video, además de Vila Dosal: Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Javier Corral Jurado de Chihuahua, José Rosas Aispuro de Durango, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de Guanajuato, Francisco Domínguez Servién de Querétaro, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur.
En su intervención, Vila Dosal dijo lo siguiente: “Esta emergencia no debe ser minimizada, México vive una situación grave, un desafío que no ha enfrentado en casi un siglo. Para hacerle frente, los Gobiernos de los estados hemos hecho un enorme esfuerzo, presupuestal, institucional, de creatividad, innovación y austeridad”, señaló.
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) demandó al Gobierno Federal cinco puntos concretos para continuar atendiendo la emergencia de salud por el coronavirus:
1.- Un inventario transparente y verídico de la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada uno de los estados.
2.- Pruebas moleculares suficientes para ser aplicadas, ya que lo que no se puede medir no se puede combatir; esta ha sido una demanda reiterada insatisfecha.
3.- Mascarillas que permitan su distribución rápida conforme a las recomendaciones de la OMS.
4.- Ventiladores suficientes que permitan reforzar la atención a pacientes graves.
5.- Presupuestos extraordinarios etiquetados para cubrir la atención ejercida y por ejercer de la pandemia del coronavirus. Hasta el momento los estados han recibido lo que por ley les corresponde y que tenían programado para su operación normal y éstos ya estaban comprometidos; no se ha recibido ningún solo recurso extraordinario.
Pero a todo ello, poco o nada han recibido de la administración de López Obrador.
Cabe mencionar que la última gran polémica se dio apenas el viernes y se prolongó todo el fin de semana, ya que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, denunció que la Secretaría de Salud no tiene actualizada la cifra de enfermos de COVID-19 y señaló que los doctores “están cayendo como moscas en los hospitales” de ese estado.
Sus declaraciones fueron tomadas por el presentador de noticias de TV Azteca, Javier Alatorre, para pedir a los mexicanos que no le hagan caso al subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, vocero federal para la contingencia del coronavirus.
Pero en su conferencia de prensa de la noche del viernes, López-Gatell Ramírez se defendió al señalar que las cifras que presentan todas las noches reflejan únicamente lo que le informan de los estados y, en caso de ser inexacta, es porque no se han actualizado en las últimas 24 horas o porque desde los estados.
Texto: Esteban Cruz Obando
Foto: Cortesía
