La Secretaría de la Función Pública realiza 8 auditorías a la administración de Alejandro Moreno Cárdenas y reporta irregularidades en el ejercicio de recursos de convenios con la SCT
Durante el 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó ocho auditorías a la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, determinando irregularidades en el ejercicio de 214.8 millones de pesos, principalmente de convenios de reasignación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La dependencia federal presentó el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, en el que revela que hizo 52 observaciones al gobierno de la entidad campechana por anomalías en la aplicación de los recursos de los convenios de reasignación del 2018, que ahora Carlos Miguel Aysa González tendrá que “aclarar, justificar o recuperar”.
Por el monto observado, el estado se ubicó en el décimo lugar nacional, solo por debajo de Baja California, con 319.6 millones; Chiapas, con 357.1 millones; Chihuahua, con 262.8 millones; Guanajuato, con 458.5 millones; Sinaloa, con 681.5 millones; Sonora, con 230.2 millones; Tabasco, con 674.2 millones; Veracruz, con 683.2 millones, y Zacatecas, con 392.6 millones de pesos.
El documento también señaló que hasta el 30 de noviembre del 2018, la administración de Moreno Cárdenas tenía pendientes por aclarar, justificar o recuperar 81 observaciones, de las cuales ya fueron atendidas cinco hasta el 31 de diciembre del 2019, quedando pendientes de atender, 76.
La SFP manifestó que “a fin de revisar el correcto ejercicio de los recursos públicos, el cumplimiento de la legalidad y el desempeño de la acción gubernamental, realizó más de dos mil 500 auditorías, que permitieron realizar más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos, que han dado origen a más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas o informes de irregularidades determinadas”.
En las auditorías a la operación regional, la Secretaría de la Función Pública expresó que tiene como competencia fiscalizar el debido ejercicio de los recursos federales transferidos a los estados, mediante convenios de reasignación.
“En 2018, el monto asignado para la operación regional de 53 programas fue de 236 mil 430.7 millones de pesos”, citó.
“En este rubro, la SFP fiscalizó ocho programas: salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, así como cultura física y deporte”, precisó.
Aseguró que “el resultado de la fiscalización reveló irregularidades recurrentes. Al cierre de las auditorías, a los gobiernos estatales les fueron determinadas observaciones por un monto de seis mil 97.9 millones de pesos, que aún se encuentran pendientes de aclarar, justificar o recuperar”.
Texto y fotos: Agencia
