Lic. David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación
brunodavidpau@yahoo.com.mx
Al magistrado, Guillermo Valls Esponda, por su brillante informe.
Los daños que genera la corrupción dañan tanto a los gobiernos como al desarrollo humano de las personas en sus sociedades. El nueve de diciembre fue instaurado como el Día Internacional contra la Corrupción por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como antecedente, el 31 de octubre de 2003, se celebraron 20 años de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, misma que entró en vigor en diciembre de 2005 con motivo de su entrada en vigor; internamente, la Oficina Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) funge como la secretaría para la Conferencia de los Estados Parte de dicho instrumento. La conmemoración busca que la mayor cantidad de personas en el mundo lo tengan presente y se sensibilicen sobre su magnitud y riesgos, porque es un fenómeno que afecta la vida de todos y todas.
La difusión tanto de los problemas como de las estrategias para su mitigación es esencial; esto implica que gobiernos, sociedad civil, academia y universidades elaboren sobre el tema estrategias de diálogo multidimensional permanente.
La corrupción es un concepto multívoco y cubre una variedad de acciones. La definición clásica de corrupción es “el abuso de poder público para obtener un beneficio particular”, más no hay una definición única que se considere vinculante ni que abarque todas las situaciones posibles.
En el ámbito público, los estudios sobre la corrupción se han enfocado principalmente en lo que se denomina corrupción administrativa. Hace años se entendía el tema desde la óptima de la economía, después se agregó una visión desde las instituciones, aunque en general ligada solamente con los servidores públicos. Hoy en día nuevas investigaciones sobre el tema enfocan su atención a lo que se ha denominado la corrupción sistémica o captura del Estado.
Sobre el diseño institucional para combatirla, el Banco Mundial ha señalado que existen cuatro modelos de institucionales de Comisiones anticorrupción, el modelo más difundido es aquel que cuenta con amplias funciones de investigación, prevención y comunicación mediática de sus resultados; el segundo modelo es el de investigación, que se caracteriza por pequeñas agencias centralizadas; otro modelo es el parlamentario, que incluye comisiones que reportan a comités legislativos, los cuales son independientes de las ramas judicial y ejecutiva del Estado, y el cuarto y último modelo es el modelo multi-agencias que supone la existencia de oficinas independientes entre sí que, sin embargo, conforman una red administrativa, de procuración de justicia y judicial para el combate a la corrupción.
Naturalmente, las Entidades Superiores de Fiscalización (EFS) son cruciales en todos los esquemas, así como las oficinas internacionales y regionales que aglutinan las EFS y generan cooperación y buenas prácticas. Intosai y Olacefs, así como sus organizaciones subregionales, han contribuido global y regionalmente a mejorar los procesos de fiscalización de los recursos públicos.
La ASF ha resaltado la importancia de poner énfasis en el componente preventivo de la fiscalización; a fin de que éste se traduzca en resultados de mayor impacto y alcance en el mejor uso de los recursos públicos. La fiscalización superior es un instrumento que busca primordialmente prevenir, antes que sancionar, lo que no obsta para que toda irregularidad sea atendida de acuerdo a lo que marca la normativa para su investigación y sanción.
A mayor abundamiento, Intosai ha generado herramientas como las normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Issai) que tienen conceptos y principios que definen las auditorías del sector público, los lineamientos que ayudan a aplicar las Issai en la práctica de las auditorías financiera, de desempeño o de cumplimiento, y los grupos de trabajo que suman de forma coherente y articulada esfuerzos de distintas EFS para avanzar en conjunto en la solución de desafíos comunes.
