El fenómeno de la gentrificación en Mérida y su zona metropolitana se ha intensificado durante la última década, impulsado principalmente por el auge inmobiliario y la falta de regulación en el mercado de la vivienda, coincidieron especialistas durante foros recientes realizados por el diputado Francisco Rosas Villavicencio, del Partido del Trabajo.
De acuerdo con el análisis presentado, uno de los factores centrales ha sido la construcción acelerada de fraccionamientos y desarrollos habitacionales que, en muchos casos, no están orientados a atender la demanda de vivienda de la población local, sino que son ofertados en otras entidades del país e incluso en el extranjero.
Esta dinámica se sustenta en la disponibilidad de casas con terreno —cada vez más escasas en urbes como la Ciudad de México—, así como en la imagen de Mérida como una de las ciudades más seguras del país y con precios de vivienda aparentemente más accesibles en comparación con otras regiones.
Sin embargo, se advirtió que, aunque la adquisición de inmuebles resulta atractiva para inversionistas y nuevos residentes, el costo de vida en la capital yucateca ha aumentado de manera considerable. Este incremento se nota especialmente en el mercado de rentas de casas, departamentos o estudios, lo que impacta directamente a las familias yucatecas.
Ante este panorama, se subrayó la urgencia de establecer una regulación que permita ordenar el crecimiento urbano y frenar los efectos negativos de la gentrificación, que afectan principalmente a la capital y a la zona conurbada.
Como parte de este proceso, se han llevado a cabo foros con especialistas y encuentros con representaciones diplomáticas acreditadas en la entidad, con el propósito de construir propuestas legislativas y reglamentarias.
Otro de los problemas señalados es la informalidad en el arrendamiento de viviendas. Se alertó que una parte significativa de los alquileres se realiza sin contratos formales, sin intervención notarial y sin el pago de los impuestos correspondientes.
“Además, se ha detectado el uso de documentos distintos al contrato de arrendamiento, en los que los inquilinos aceptan condiciones de desalojo bajo esquemas que no reconocen legalmente la renta, sino cuotas por el uso del inmueble”, explicó el legislador. “Son muchos aspectos que tienen que ser regulados y revisados para generar condiciones justas”, dijo.
Texto y foto: Alejandro Ruvalcaba
