La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el viernes un proyecto de ley para la legalización del aborto impulsado por el presidente, Alberto Fernández, que recoge un viejo reclamo del movimiento feminista.
La iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación fue aprobada de madrugada luego de un maratónico debate de más de 20 horas seguido por decenas de miles de manifestantes, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.
Se prevé que en los próximos días el proyecto pase al Senado, que tendrá la última palabra, para ser debatido.
Varios de los diputados que lo respaldaron están en la oposición.
Cuando se transmitió el resultado de la votación en las grandes pantallas instaladas en las inmediaciones del Congreso, miles de activistas proaborto que habían pasado la noche a la intemperie siguiendo los discursos de los legisladores estallaron en gritos de alegría y se abrazaron.
En muchas jóvenes no parecía hacer mella el cansancio tras horas tumbadas sobre telas y colchonetas extendidas sobre el asfalto. Tampoco parecía importarles el distanciamiento social impuesto para combatir la pandemia del coronavirus, aunque muchas llevaban mascarillas verdes, el color que identifica al movimiento.
A cientos de metros, en un sector también próximo al Parlamento, cientos de manifestantes contrarios al aborto, con prendas de color azul celeste y banderas argentinas, lamentaron el resultado. Algunos agacharon la cabeza y otros lloraron. Sin embargo, varios que sonreían se mostraron confiados en que el resultado de la cámara baja se revertirá en el Senado.
La iniciativa impulsada por Fernández fue debatida en la tierra natal del papa Francisco dos años después de que otra propuesta similar naufragara en el Congreso, y a un año de que el dirigente peronista llegara al poder con la promesa de habilitar el aborto libre y gratuito. Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.
Texto y foto: Agencias
