En sesión de trabajo, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, que preside el diputado, Luis Fernández Vidal, dio entrada y distribuyó a comisiones dos iniciativas del Ejecutivo Estatal que buscan crear los mecanismos legales para la administración del Puerto de Altura de Progreso.
Las iniciativas enviadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación son las siguientes:
Las iniciativas para modificar la Constitución y expedir la Ley que Regula la Contratación de Proyectos Integrales de Inversión a Largo Plazo para los Entes Públicos del Estado.
También, las iniciativas para modificar la Constitución y el Código de Administración Pública; y expedir la Ley de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable de Participación Estatal Mayoritaria.
“Con ellas, el Ejecutivo Estatal pretende establecer reglas claras para las empresas que deseen invertir en el Puerto de Altura y así contribuir al desarrollo económico de la entidad”, explicó Fernández Vidal.
Además, la iniciativa para reformar el decreto de creación del Reconocimiento “Diputado Profesor, Pánfilo Novelo Martín”, que este año fue declarado desierto, pese a que su objetivo es destacar a las personas que trabajan en la conservación de la lengua y cultura maya.
Esas iniciativas serán analizadas, en su caso aprobadas, antes del 25 de enero, por la comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Carmen González Martín, quien ayer mismo solicitó su reincorporación a la LXIII Legislatura, pues estaba de licencia.
Asimismo, se dio a conocer dos oficios, el primero, de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Lissete Cetz Canché que remite el presupuesto actualizado en detalle; y el segundo, del consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Moisés Bates Aguilar, quien presenta su presupuesto ajustado, ambos para el ejercicio fiscal 2024.
De igual manera, el oficio referente al juicio contencioso administrativo presentado por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Diego Barbosa Lara.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
