En la Sesión de Pleno de ayer en el Congreso de Yucatán, el diputado Gaspar Quintal Parra expuso un tema importante: que la salud mental de las personas servidoras públicas es un componente esencial para garantizar un servicio eficaz, digno y con perspectiva de derechos humanos.
Dijo que durante décadas, la salud mental ha sido minimizada, incluso, ignorada en nuestra sociedad, ya que se asumió de manera errónea que las enfermedades físicas eran las únicas relevantes, dejando en la invisibilidad los padecimientos emocionales y psicológicos que, con la misma gravedad, deterioran la calidad de vida de las personas y limitan su capacidad de servir con plenitud. Esta omisión institucional retrasó la creación de mecanismos efectivos de prevención y atención.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los entornos de trabajo que no cuidan la estabilidad emocional de las personas generan impactos negativos no solo en su bienestar, sino también en la productividad, la eficiencia y la convivencia social.
Uno de los padecimientos más invisibilizados en el ámbito laboral del servicio público es el síndrome de desgaste profesional, conocido como burnout, el cual la OMS ha reconocido como un fenómeno ocupacional caracterizado por el agotamiento físico y emocional, la despersonalización y la disminución en la productividad. Pero es importante reconocer algo más profundo: no todos los problemas de salud mental de una persona trabajadora tienen origen en el trabajo.
Por ello, presentó una iniciativa para reconocer en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán los permisos y licencias por afectaciones a la salud mental como un derecho laboral.
