El Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica comenzó ayer en la Cámara de Diputados y algo quedó en claro: Se escucharán todas las voces, incluidas la de los gobernadores de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Sonora, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Campeche.
Comenzó ayer y concluirá el 15 de febrero próximo, en el que se espera la participación de miles de mexicanos, ya sea en los foros o a través de ponencias enviadas al Legislativo federal.
Ahora bien, lo que también quedó en claro es que hay una división clara entre la 4T y la oposición, que con el argumento de que se atenta contra la producción de energías limpias, pintó su raya en torno a mantener todo como está.
La reforma eléctrica es una iniciativa presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y busca recuperar la rectoría de la CFE en la producción de energía eléctrica.
Pero lo que más preocupa a la administración federal es reestructurar los contratos con las empresas privadas, ya que por ahora se llevan las ganancias limpias, sin pagar por el uso de las redes de la compañía estatal y, para rematar, también se embolsan un subsidio millonario, muy parecido al que se paga al año por el Fobaproa.
Escuchamos que el daño al patrimonio nacional es de más de 400 mil millones de pesos al año, con lo que se benefician empresas extranjeras, pero, además, sólo siete del 62 por ciento del abastecimiento del mercado nacional se produce con energía fotovoltaica o eólica, y es la CFE la que respalda a estas empresas.
