La polémica por la reforma a la Ley de Minería para proteger el litio como propiedad de la nación, que las cámaras de Diputados y Senadores están legislando al vapor, hay que decirlo, mantiene dividida a la opinión pública y a los mexicanos.
El bando opositor persiste en su posicionamiento en contra de todo lo que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y los partidos que lo apoyan encabezado por Morena, a cualquier costo, incluido el electoral este mismo año, y el que viene, en el 2024.
Su argumento es que los impulsores de esa propuesta encabezados por López Obrador nos están tomando el pelo, porque el litio y otros minerales ya están protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Eso es cierto, sin embargo, hay pruebas de que, pese a ello, se entregaron concesiones a empresas privadas o gobiernos extranjeros, para que exploten el mineral sin mayores regulaciones y con manga ancha.
En la discusión legislativa de ayer en la Cámara Alta se habló de que la reforma no atiende de lleno el problema en todo el sector, pero lo que más interesa, respondieron los morenistas, es que se garantice que el litio es de los mexicanos.
Entre los argumentos en contra, el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín esgrimió que los países que protegieron el litio primero se preocuparon por escuelas de tiempo completo, por medicinas para los enfermos de cáncer y por guarderías para los hijos de madres trabajadoras. Ya después del litio y otros minerales. En respuesta, la morenista Lucía Trasviña, de Baja California Sur, celebró la votación a favor de la Ley Minera de 87 a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, con un “Viva AMLO y la cuarta transformación, cab….”.
