Y bueno, el día de ayer quedará marcado como un parteaguas en la historia del Poder Judicial en Yucatán, ya que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobó reformas que cambiarán el rostro de la justicia en los próximos años.
De entrada, los magistrados ya no serán 11, sino 15 en el Tribunal Superior de Justicia, y de uno a tres en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con el argumento de aligerar la carga de trabajo.
Es cierto que se vive ese escenario, pero más en el Tribunal de los Trabajadores, aunque, finalmente, por la cantidad de población, es un hecho que la impartición de justicia ya tarda más en llegar a todos. Aplaudimos, pues, que haya ese aumento de magistrados, pero, más que nada, por el compromiso del Consejo de la Judicatura para que se abran más juzgados de primera instancia.
Ayer, en el Congreso del Estado se reeditó lo que sucede en las Cámaras de Diputados o de Senadores, en los que la bancada mayoritaria impone criterios, incluso bajo acusaciones que sirven al Presidente de México. Lo mismo hizo la bancada del PAN en el legislativo local.
Por ejemplo, no aceptaron que el diálogo legislativo de esta reforma se hiciera bajo los principios de Parlamento Abierto, no aceptaron que se hagan cuadros comparativos de las propuestas disponibles y menos que se hiciera una reunión de trabajo con los magistrados del Poder Judicial.
Esa reunión, dijeron los diputados de oposición, era obligatoria para saber el sentir de los magistrados, pues la iniciativa marcaba dos medidas para su retiro: tener 30 años de servicio o 70 años de edad.
Al final se aprobó la reforma y en pocas horas debe llegar al Pleno. Veremos.
