Editorial de Peninsular Punto Medio

El Poder Judicial de Yucatán vivió ayer una renovación a sus reglas por las que definirá a sus futuros magistrados, algo que se puede ver desde dos puntos de vista, pero que fue sumamente criticado por la oposición, como era lógico.

Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la temporalidad con la que ahora se nombrarán a los magistrados: 15 años y sin ninguna revisión a su actuación, quizás sí, ante el Consejo de la Judicatura, pero no ante la opinión pública o sus representantes, que son los diputados locales.

Lo que se vivió en este proceso, nos dijo el veterano legislador Eduardo Sobrino Sierra, y le damos la razón, es que se enfrentan dos visiones de Estado: la que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal y la oposición, a la que el declarante pertenece.

Retomando las palabras del legislador perredista, el Gobierno del Estado tiene todo el derecho de buscar cambios en los otros poderes, pero hay que fijarnos en las formas.

Le tomó un poco más de tres años a Vila Dosal hacerse del poder completo en Yucatán. Primero fue al ganar su partido, el PAN, la mayoría en el Congreso del Estado y después, presentando esta iniciativa para renovar al Poder Judicial, pues hay un artículo transitorio que otorga 45 días para optar por el retiro a los actuales Magistrados. En caso de hacerlo, tendrán garantizados todos los beneficios al 100%, incluido el haber de retiro de por vida.

Es una oferta muy tentadora como para ignorarla.