Editorial de Peninsular Punto Medio

Hasta ayer, lo único que se sabía del destino de los magistrados actuales del Tribunal Superior de Justicia es que ninguno de los 10 actuales ha presentado su retiro anticipado, pero tienen 60 días a partir del 5 de mayo para tomar una decisión.

Fue el pasado 4 de mayo que se publicó el Decreto sobre la reforma al Poder Judicial, que entró en vigor al día siguiente.

Hasta ahora la única magistrada que solicitó su retiro, sin haberse aprobado la reforma judicial, fue Adda Cámara Vallejos, quien el pasado miércoles recibió el visto bueno del Congreso, ojo, no aprobación, sobre su Haber de Retiro, que será del 100% de forma vitalicia.

Ella acreditó casi 40 años de servicio en el Poder Judicial, por lo que no había necesidad de negarle ese beneficio que la ley le concede.

En la reforma al Poder Judicial se señala en uno de sus artículos transitorios que los magistrados pueden optar por irse con sus percepciones actuales garantizadas de por vida, o quedarse, y cuando concluyan sus encargos, sólo se les pagará un año el Haber de Retiro, lo que obligaría a todos a optar por la renuncia anticipada.

A media semana el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se negó la oportunidad, con 3 votos a favor y 7 en contra, de solicitar una Controversia Constitucional ante la posible pérdida de un derecho adquirido con la reforma.

Un magistrado nos explicó que no hay lugar para la controversia, por lo que de plano se desechó, pues no están (ellos) en ese supuesto, que es un término en derecho que describe una acción y hay reglas claras para sustentarlo.

Lo único que queda es que el magistrado que decida quedarse, cuando cumpla su periodo de 15 años presente un amparo, pues entonces sí configura la violación a sus derechos. Pero para ello falta mucho.