“Aocho años no nos rendimos”, dijo la madre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa en la manifestación de ayer, en la protesta celebrada en la capital del país por los hechos registrados el 26 de septiembre del 2014.
No creemos que nadie que haya vivido la desaparición de un hermano, hermana, hijo, hija, familiar o amigo pueda olvidarlo, mucho menos la forma en la que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron privados de su libertad y de su vida.
A ocho años es todavía un pendiente que las autoridades no hayan entregado una versión que convenza a todos o por lo menos meta a la cárcel a buena parte de los que tuvieron que ver con este crimen de Estado.
De hecho, ha causado polémica en los últimos días la publicación que se hizo de parte del informe de la Comisión Presidencial para Acceder a la Verdad en el Caso Ayotzinapa, sin tachaduras para cubrir nombres de los probables responsables, lo que enojó a los padres de familia.
Más leña cayó al fuego tras darse a conocer el sábado pasado en varios medios de comunicación que la Fiscalía General de la República, la misma que concedió 81 órdenes de aprehensión, incluidos algunos militares, se desistió de 21 a militares.
Es decir, que hay una disputa entre la Comisión Presidencial y su principal líder, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la FGE que conduce Alejandro Gertz Manero.
Es un choque del que saldrán chispas y del que todavía se van a escribir muchas cosas. Mientras tanto, los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa seguirán en las calles y cada vez más activos ante autoridades y edificios públicos, tal como se hizo desde el pasado fin de semana. No, no se van a rendir.
