Editorial de Peninsular Punto Medio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue dando palo a los decretos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con lo que mantiene en alto el ánimo de la oposición, que con ello ve cumplidos sus deseos de tener argumentos en contra de la Cuarta Transformación.

El pasado 18 de mayo se determinó por mayoría de ocho votos invalidar el Decreto del 22 de noviembre del 2021 correspondiente al “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que ayer se determinó por mayoría de seis votos de las ministras y ministros que la invalidez del Acuerdo es de carácter total, por tratarse de una instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la cual quedó insubsistente.

Además, por tratarse de una materia ajena a la penal, la SCJN precisó que los efectos de la resolución no serán retroactivos.

Se trató de la Controversia Constitucional 217/2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ponente, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso que se anularan los efectos del Decreto mencionado y que pretendía blindar la información sobre las megaobras del Gobierno Federal, entre ellos el Tren Maya, que tiene que ver con la Península de Yucatán. Ya veremos hasta dónde llega esta pugna entre Poderes del Estado Mexicano.