La judicialización del proceso electoral 2023-2024 ya comenzó, y tal parece que no todos quedan conformes con las decisiones de las autoridades de los órganos electorales y de la justicia electoral.
Ayer mismo, el diario Milenio informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que, a través de su Comisión de Quejas, analizar una serie de eventos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y se pronuncie respecto a si, preliminarmente, existen o no actos anticipados de precampaña o campaña.
Ello después de revocar, por mayoría de votos, el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (UTCE-INE), en el que se desecharon medidas cautelares solicitadas por el emecista Jorge Álvarez Máynez para frenar los actos de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, quien por cierto hoy tendrá eventos en Mérida, y Gerardo Fernández Noroña.
Es un hecho que la oposición, desde el inicio de los recorridos de las seis corcholatas, ha apostado a que el INE los detenga, con el argumento de actos anticipados de campaña, pero también hay denuncias contra los aspirantes de la oposición, principalmente del panista Santiago Creel Miranda, que anda en sus recorridos y no ha pedido licencia como diputado federal y menos como presidente de la Mesa Directiva.
Ayer anunció que va a contrademandar al morenista Alejandro Robles por daño moral, pues, asegura (hay que confiar en su palabra), que no usa recursos públicos en su campaña por la candidatura opositora.
