Editorial de Peninsular Punto Medio

Independientemente del resultado de la votación en la Cámara de Diputados en el análisis de 13 de los 14 fideicomisos y de la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en los últimos dos días, el tema mantiene en vilo a más de 50 mil trabajadores adscritos a ese Poder de la Unión.

Por lo menos así se expresaron los líderes nacionales y de la Sección en cada estado, como fue la 37 de Yucatán, en donde Oswaldo Canto Ancona aclaró que la reforma sí afecta a los trabajadores.

En el debate de anoche en la Cámara Baja, el bando opositor fijó sus posicionamientos en torno a que la pretensión del Gobierno federal de recuperar el dinero que tienen los fideicomisos del Poder Judicial, unos 15 mil millones de pesos, es puro acto de venganza por las decisiones de la Corte de no aprobar algunas de las reformas constitucionales promovidas por el oficialismo.

Se dejó en claro que el dictamen de la Comisión de Presupuesto señala que el Poder Judicial cuenta actualmente con 14 fideicomisos (seis de la Suprema Corte, seis del Consejo de la Judicatura Federal y dos del TEPJF) con 21 mil 54 millones de pesos disponibles al segundo trimestre de 2023, aunque 6 mil 103 millones corresponden al único fondo que se mantendría intocado.

Los restantes 15 mil 451 millones de pesos se tendrían que entregar a la Tesorería de la Federación.

Todo ese dinero, manifestaron varios diputados federales del oficialismo y sus aliados, es utilizado por la aristocracia dorada, es decir, la cúpula del Poder Judicial Federal para “mantener una vida de lujos”, y el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, garantizó el sueldo y prestaciones de los trabajadores del PJF.