Ayer, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán suscribió un Convenio de Colaboración y Apoyo Institucional con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el objeto de acceder a información del Poder Judicial para asegurar que las personas candidatas cumplan con los requisitos legales, como el no tener antecedentes penales por delitos relacionados con la violencia de género y deudores alimentarios morosos, entre otros.
Todo ello parece muy bien, pues la finalidad es poner alto a las candidaturas que violen las leyes electorales, sobre todo las relacionadas a los descrito en el párrafo anterior.
Firmaron el acuerdo por el Poder Judicial la Magistrada presidenta, María Carolina Silvestre Canto Valdez, y por el Iepac, el consejero presidente, Moisés Bates Aguilar, quien, en el acto celebrado en la sala de juntas del Centro de Justicia Oral de Mérida, destacó la importancia del convenio al señalar que con ello se cumple no sólo con un mandato legal, sino también con un reclamo social.
En el caso de la verificación de elegibilidad de las candidaturas, sin duda, el Iepac no podría cumplir con su labor, si no contara con la información que posee el Poder Judicial.
En su oportunidad, la magistrada presidenta del Poder Judicial, Canto Valdez, reiteró su disposición por colaborar con el Instituto para evitar que personas con sentencia firme condenatoria en delitos como violencia contra las mujeres, violencia de género, acoso sexual, estupro, incluso por feminicidio, violación y por el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, lleguen a ocupar algún cargo de elección popular.
