Desde hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador abrió otro frente de batalla al acusar a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, de corrupta, ya que habría cobrado un seguro de vida y pensiones por parte de Pemex tras la muerte de su esposo.
Se trata del expediente sobre la muerte en 2004 del esposo de la presidenta de MCCI, Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces asesor del director general de Pemex y que, de acuerdo al Gobierno Federal, no murió por accidente, sino por suicidio, por lo que la activista y férrea enemiga de la Cuarta Transformación habría cobrado ilegalmente más de 31 millones de pesos.
A lo dicho por Octavio Romero Oropeza, el viernes pasado, se suma que el Gobierno Federal decidió publicar el expediente del caso ese mismo día con todos los datos personales sin testar, lo que dio paso a la defensa por parte de una buena cantidad de intelectuales y comunicadores famosos, quienes acusan a López Obrador de violar la Ley de Protección de Datos Personales.
A partir de ello se ha presentado un nuevo enfrentamiento del presidente y una buena parte de la oposición y los comunicadores de las principales cadenas de radio y TV, a quienes acusa de cobrar miles de pesos para atacarlo.
Será el Inai quien decida si la administración de López Obrador violó la ley, en cuyo caso aplicará las sanciones correspondientes, pero el presidente no ha dejado escapar la oportunidad de fijar sus posicionamientos contra lo que llama la “prensa fifí”.
Ayer, por ejemplo, volvió a recordar que, en el pasado, en la época neoliberal, los dueños de los medios de comunicación más importantes del país hacían negocios al amparo del poder y por eso están molestos.
