El Congreso del Estado vivió ayer uno de los días más agrios en su historia reciente con la irrupción de manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
No es que en la sede del Legislativo de Yucatán no se hayan manifestado nunca, pero nunca se había invadido el Pleno y menos el espacio de la Mesa Directiva, con todo y gritos, empujones, pellizcos y agresiones verbales. Por lo menos en los años que tenemos como medio de comunicación en la entidad.
De los hechos que les narramos en la nota principal de este periódico se pueden consultar los enlaces en vivo que generaron desde el lugar los representantes de Peninsular Punto Medio.
Creemos firmemente que la expresión de las ideas y la protesta no debe criminalizarse, ya sea en el Congreso del Estado o en las calles de Mérida, o cualquier otro municipio, pero también hay que tener en cuenta que los derechos son de todos, no nomás de los que se manifiestan. Es decir, ayer los legisladores de Yucatán fueron violentados en su espacio de trabajo y más la presidenta de la Mesa Directiva, la activista por los derechos humanos y de los indígenas, Neyda Pat Dzul.
Quizás unos lo vean normal, que es una sopa de su propio chocolate a los morenistas, que ahora son autoridad (mayoría) en el Congreso de Yucatán, pero no estamos acostumbrados a estas expresiones.
Vivimos, sí, un momento de definiciones en el país. Queramos o no la reforma judicial ya es un hecho, debido a que se trató de una iniciativa presidencial en el Congreso de la Unión, y los estados, como ayer sucedió aquí, únicamente se deben expresar en favor o en contra.
La verdadera lucha se dio en la Ciudad de México, ante los legisladores federales, y nada se gana con violentar a los estados.
