Ayer se dio una polémica en el Senado de la República luego de que el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Olivier de Frouville, ofreció un informe sobre ese flagelo que se vive en México y aseguró que las autoridades lo niegan y que tampoco hablan con las víctimas y las madres buscadoras.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, dio lectura a un pronunciamiento de este órgano de dirección de la Cámara, que aprobó la asamblea con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. Las desapariciones forzadas, destacó el senador, son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa, pero Olivier de Frouville actuó de manera unilateral, irresponsable y sin sustento alguno, para aseverar que este delito se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano.
Fernández Noroña refirió que el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en esta materia y en la sesión final no se integró en ningún apartado algún punto relacionado con México.
Agregó que el funcionario tampoco tiene facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre del comité, por lo que violentó el proceso interno de este y “prejuzgó sin pruebas” en su condición de presidente de la CED, “alentando” la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y, peor aún, de que se realizan de manera sistemática, lo que representa una “frívola aseveración”.
También expresaron opiniones favor y en contra los siguientes senadores: Amalia García Medina, de MC; Carolina Viggiano Austria, del PRI; María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM; Marko Cortés Mendoza, del PAN y Martha Lucía Micher Camarena, de Morena.
