Mérida, Yucatán; 17 de enero de 2019 (ACOM).- Ejidatarios de Chocholá denunciaron el reinicio de operaciones de una calera que fue clausurada en marzo del año pasado por contaminación, así como el abuso de autoridad y engaño por parte de empresarios para someter a parcelarios de ese municipio.
Claudia Cob Durán, presidenta del comisariado ejidal de Chocholá y Samuel Martín Rosado, productor mielero, expusieron ante medios de comunicación una serie de irregularidades por parte de una calera instalada en una superficie de seis hectáreas en la carretera a Kopomá, pertenecientes al ejido y que según Cob Durán obtuvo bajo engaños.
La calera, propiedad de la familia Abraham Mafud, inició operaciones hace tres años, sin embargo, tras una serie de quejas de los ejidatarios se realizó una inspección por parte del Registro Nacional Agrario, otorgándole la razón a los ejidatarios y por orden de la autoridad federal clausuró las operaciones, ya que contamina y daña los cultivos y la producción de miel en la zona.
Cob Durán expuso que, tras una serie de argucias legales, la empresa inició operaciones hace tres días, lo que motivó la intervención de los ejidatarios y por consiguiente una denuncia para que se detengan las actividades en ese sitio.
La denunciante argumentó que el comisariado ejidal de Chocholá ha establecido una asamblea para reclamar el acto de entrega de esas tierras y que la autoridad agraria los resuelva para usufructo de los campesinos.
Además, dijo que se ha comprobado que la extracción de arena y piedra para el uso de la calera daña la producción de miel.
Por su parte, Samuel Martín Rosado, informó que un centenar de productores de miel que trabajan en ese municipio se han visto afectados por el polvo y la quema de combustibles que utilizan en la fábrica.
“Los productores han mermado su producción y han reportado la muerte de abejas por las nubes de polvo y sedimentos que levanta la calera y que deposita sobre la zona forestal del municipio”, lamentó.
Los ejidatarios afectados demandaron la intervención de las autoridades estatales para la clausura de la empresa, ya que según estableció la querellante, desde el 18 de abril pasado, un juez ordenó la paralización de actividades: sin embargo, la empresa ha reiniciado operaciones tras una serie de argucias legales.
“La determinación del Tribunal Agrario determinó que la empresa no podía establecerse en ese sitio porque es una zona de selva y bosque bajo, por lo que la empresa se adueñó de los terrenos con engaños a los ejidatarios, ahora se busca un procedimiento para recuperar el beneficio de la propiedad”, finalizó.
