El congreso del estado ¿verdadero contrapeso o grilla política?

El segundo Periodo Ordinario de Sesiones queda marcado por no aprobar el crédito solicitado por el Gobierno del Estado para la reactivación económica

El Congreso del Estado negó dos veces (una en el Pleno) la solicitud de empréstito por 1,728 millones de pesos al gobernador Mauricio Vila Dosal en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXII Legislatura, que concluyó el pasado 31 de mayo.

¿Ello convirtió al Legislativo local en un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo o se trata de grilla política de cara al siguiente proceso electoral?

Entre los hechos más sobresalientes de los diputados locales en el periodo ordinario pasado destacan los dos intentos de la administración de Vila Dosal por obtener esos recursos extraordinarios a través de uno o más empréstitos para invertir en la reactivación económica por los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19.

El primero ni siquiera llegó al Pleno, ya que los diputados del tricolor, encabezados por el coordinador Felipe Cervera Hernández, lo “tacharon” de la iniciativa en la que aprobaron una ampliación de 1,500 millones de pesos en el Presupuesto de Ingresos para este año, el 30 de marzo.

Ese dinero fue destinado al apoyo directo a las personas que se quedaron sin trabajo por el cierre de la actividad económica por la pandemia, a principios de marzo, en el que se entregaron despensas, un seguro al desempleo y descuentos o suspensión de pagos de derechos o impuestos a las empresas.

Luego de la aportación de un comité técnico en el que participaron cámaras empresariales, legisladores federales y locales, así como líderes empresariales, el Ejecutivo nuevamente presentó la iniciativa, ya con un listado de obras y acciones cuya finalidad, más que obra pública, era generar unos 30 mil empleos.

De hecho, esas propuestas fueron realizadas por legisladores federales del tricolor, según versión de la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama, lo que después fue confirmado por el senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Pese a ello, el pasado 21 de mayo, con 14 votos a favor y 11 en contra, en lo general y lo particular, no se aprobó el proyecto del Ejecutivo estatal, por no conseguir las dos terceras partes del pleno de los legisladores (17 sufragios), como lo establece el artículo 117 fracción octava de la Constitución Política de Yucatán, por lo que la iniciativa se regresó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.

Reacción del gobernador

En un video, por la noche de ese mismo día, el gobernador Vila Dosal lamentó la actitud de una parte de la bancada del PRI, Morena y el diputado del PRD Alejandro Cuevas por el voto en contra.

Acusó que debido a ello se evitaba la creación de 30 mil empleos y “que en los próximos días va a faltar en pan en la mesa de los yucatecos”.

El líder de la bancada del tricolor, Cervera Hernández, se defendió al argumentar que las comunidades indígenas mayas de Yucatán se posicionaron en contra de endeudar al estado con otro crédito, porque conlleva al aumento de derechos e impuestos, o al costo de los mismos, lo que es, según dijo, contrario al interés del pueblo.

En respuesta, la panista Rosa Adriana Díaz Lizama declaró que el Gobierno Federal sabe que en la reactivación económica, ante algo inédito y desconocido, la mejor medida es la inversión pública y por tal motivo, retomó el proyecto del Tren Maya; por ello, esa iniciativa marcaría la historia “y decirle sí a los yucatecos” o votar en contra por intereses políticos, lo que finalmente sucedió.

Igual a Patrón Laviada

Por una situación semejante pasó el exgobernador Patricio Patrón Laviada.

Al exmandatario fue en noviembre del 2005 cuando se le rechazó la contratación de un empréstito por mil 48 millones de pesos para el proyecto Metrópolisur, que incluía la construcción de un nuevo aeropuerto en Hunucmá, el desmantelamiento del actual ubicado al sur de Mérida, y la edificación, en ese sitio, de más de 20 mil viviendas económicas.

Felipe Cervera Hernández (PRI): “En dos años, la actual Legislatura ha analizado poco más de 150 iniciativas que han impactado en más de 100 reformas a leyes estatales, nuevas reformas a la Constitución General de la República y a la propia del Estado de Yucatán”.

Silvia López Escoffié (MC): “Se han desahogado 55 puntos de las 149 acciones de la agenda a la cual están comprometidos, al igual que todavía queda pendiente analizar reformas electorales y la Ley de Archivos (lo que ya se aprobó en el Periodo Extraordinario del viernes pasado)”.

Miguel Candila Noh (Morena): “Aunque no se trataron muchos temas en este periodo, se debió a la contingencia sanitaria, pero los puntos fueron acordados por la Junta de Gobierno de esta Soberanía. Estamos contentos porque mantuvimos el compromiso con los más pobres”.

Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza): “Discernir y tener un criterio es una virtud de pocos, pero esta Legislatura ha demostrado madurez con diferentes posturas, pero no nos hace enemigos, sino que nos fortalece y nos hace firmes. En mi caso yo defendí la urgencia de homologar la ley estatal de educación con la general”.

Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN): “No es fácil construir acuerdos con siete fuerzas políticas, pero se ha trabajado mucho más que en cualquier periodo ordinario con la adrenalina de salir en una situación inédita, como es la contingencia sanitaria por el coronavirus, la cual se desconoce cuándo terminará”.

Algunas de las nuevas leyes aprobadas entre el 1 de febrero y 31 de mayo del 2020

El 31 de mayo: Ley para Fomentar y Promover el no Desperdicio de Alimentos en el Estado, que tiene por objeto, contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población que se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad por carencia alimentaria, determinados por la autoridad competente.

El 27 de mayo: Ley de Emprendedores del Estado de Yucatán, que considera la creación de políticas públicas incluidas en el plan estatal de desarrollo en materia de emprendedores como una obligación y se solidifica la Red Estatal de Emprendedores.

El 6 de mayo: La Ley de Edificios y Espacios Cardioprotegidos del Estado, que consiste en la instalación de Desfibriladores Externos Automáticos dentro de edificios o eventos con concentraciones mayores a las mil personas.

El 28 de marzo: La Ley de Imagen Institucional del Estado, que tiene por objeto regular la utilización de colores en los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio de la administración pública estatal, municipal y órganos autónomos.

Texto: Esteban Cruz Obando
Fotos: Archivo

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