Según algunos trabajadores que se quedarán sin empleo, hay un movimiento que busca que se les pague una compensación económica de hasta tres meses de sueldo
Al concluir el período de la LXI Legislatura de Yucatán el 31 de agosto, al menos 63 empleados dejarán sus puestos laborales y serán liquidados de acuerdo a la Ley, ya que aunque les paga el Poder Legislativo, es personal de contrato por recomendación directa de cada uno de los 25 legisladores.
Según versiones al interior del Poder Legislativo, los 63 empleados se distribuyen así: dos por cada legislador (secretaria y asistente) y un secretario técnico que trabaja para y con el legislador que preside cada una de las 13 comisiones permanentes.
Hasta donde se pudo averiguar cada uno de los 63 empleados, también llamados de confianza, sólo tienen derecho a las percepciones que les asigna la Ley, aunque se queden sin trabajo.
Los sueldos mensuales son de nueve mil pesos para el asistente personal del legislador y seis mil para la secretaria de las oficinas, mientras que para el secretario técnico de cada comisión es de 20 mil pesos.
Por la naturaleza de sus funciones, al ser contratados por el legislador y depender únicamente de sus requerimientos, estos empleados no tienen horarios, no checan tarjetas, e incluso, hay algunos, que nunca van a la sede del Congreso, pues atienden las oficinas de enlaces de los diputados.
Según los mismos empleados que se quedarán sin trabajo, existe un movimiento que busca que se les pague una compensación de hasta tres meses de sueldo, pues perderán su fuente de ingresos.
Sin embargo, Punto Medio pudo averiguar que a cada legislador se les informa, desde hace por lo menos tres Legislaturas, que el personal que llega con ellos, por ser de confianza, se tienen que ir cuando concluyen su encargo y sólo recibirán los pagos correspondientes a la Ley. Es decir, sueldos y prestaciones, como la parte proporcional del aguinaldo, pero no compensaciones económicas.
También se averiguó que la petición de tres meses de compensación para cada empleado que dejará el puesto es apoyada por algunos legisladores del PRI, pues al perder las elecciones no hay lugar donde colocarlos.
Incluso, se informó, ante la negativa del Congreso del Estado para erogar ese dinero, han amenazado con demandar ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y no quieren firmar sus finiquitos, a pesar de que son trabajadores de contrato.
Texto y fotos: Esteban Cruz
Obando
