Hasta el momento, el respaldo de la ciudadanía es indudable, sin embargo, el presidente electo parece dar una de cal y otra de arena
El próximo presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, tiene ante sí la compleja tarea de implementar programas sociales sin desestabilizar el presupuesto y cumplir promesas electorales sin asustar el empresariado.
En la campaña electoral, que culminó con su triunfo aplastante el 1 de julio, López Obrador prometió acabar con décadas de neoliberalismo en México porque, a su parecer, fracasó al no desarrollar el país.
Autosuficiencia alimentaria, revisión de contratos, programas sociales multimillonarios y la lucha contra la corrupción vertebrarán este nuevo modelo, que ha recibido apoyos y críticas.
“López Obrador tiene un margen de maniobra impresionante en lo político, pero en lo económico hay restricciones reales derivadas de que somos un país de renta media y todavía no hemos llegado a tener suficiente riqueza como para repartirla de manera demasiado generosa”, dijo hoy el director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Manuel Molano.
López Obrador ha anunciado programas muy ambiciosos como Jóvenes Construyendo el Futuro, que buscar dar becas y empleos como aprendices remunerados a 2,6 millones de jóvenes y con un costo de 110.000 millones de pesos (unos 5.400 millones de dólares).
También prometió pensión a todos los mayores de 68 años, lo que supondría un gasto de unos 40.000 millones de pesos (1.960 millones de dólares) por ejercicio.
Ante estas iniciativas, que según sondeos cuentan con amplio apoyo ciudadano, surgen una duda evidente: ¿Se endeudará el país?
“Me va alcanzar (el presupuesto). Y no vamos a aumentar impuestos en términos reales; no va a haber impuestos nuevos, no va a crecer la deuda pública”, subrayó el mandatario electo el 22 de noviembre en entrevista con Milenio TV.
Pero para expertos y académicos, las cuentas no salen tan fácilmente.
“El gran signo de interrogación para todo gobierno de izquierdas con una política social es cómo le hacen para cuadrar las cuentas fiscales”, remarcó a Efe Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
Para el experto, positivamente el país cuenta hoy, tras adelgazar varios años el presupuesto, con un superávit primario (cuando hay más ingresos que gastos sin tener en cuenta el pago de la deuda).
Pero queda por saber si para el próximo ejercicio se podrá mantener esta tendencia y si las medidas de austeridad para funcionarios propuestas por el izquierdista, que ganará 40 % de lo que percibe el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, permitirán un ahorro sustancial.
“Es un problema de aritmética básica y al no saber cómo está el presupuesto no podremos saber cómo van a resolver muchos de estos problemas. No hay un plan de estabilización de la deuda o sobre qué hacer con paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex)”, lamentó Molano.
Con la austeridad y el combate a la corrupción López Obrador dice que recuperará unos 500.000 millones de pesos (unos 24.500 millones de dólares).
“Es un cálculo de servilleta. No hay forma de ahorrarse esto”, contradijo Elizondo.
En la otra cara de la moneda están los empresarios, que han exigido certidumbre para potenciar sus inversiones en el país y así, aseguran, empujar a que el país crezca al 4 %, como ha prometido López Obrador.
Pero hasta la fecha el próximo presidente parece dar una de cal y otra de arena.
Elizondo ve favorable que haya sido pragmático apoyando la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que rebautizado como T-MEC (abreviatura de Tratado México-EE.UU.-Canadá) se firmará el 30 de noviembre.
Además, ha garantizado autonomía al Banco de México y sumado importantes empresarios como asesores de su gobierno. Busca también potenciar la economía con obras públicas como el Tren Maya o una nueva refinería.
Pero se desataron las alarmas cuando, tras una polémica consulta ciudadana, anunció la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, una obra de 13.300 millones de dólares ya iniciada.
A raíz de esta decisión, y otros controvertidos asuntos como una posible eliminación de comisiones bancarias, la bolsa se descalabró y el peso se depreció frente al dólar, colocándose arriba de las 20 unidades por billete verde.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó a Efe que el país debe ofrecer “políticas públicas” que den “certeza”, para evitar la huida de inversores.
Hasta el momento, el respaldo de la ciudadanía es indudable. Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) publicada el 22 de noviembre revelaba que 67 % de la ciudadanía tiene una imagen “buena o muy buena” del político.
No así entre muchos economistas y expertos, más suspicaces: “Necesitan un plan sobre a dónde van a conducir el barco en las aguas de la macroeconomía”, concluyó Molano.
Texto: EFE
Foto: Cortesía
